Fechas
- 2006 fue el año en que se llevó a cabo el referéndum para aprobar el proyecto de ampliación.
- 2014 año en que, según el proyecto, debería culminar el programa de ampliación del Canal.
Registros
- 5,250 millones de dólares es el costo global del proyecto de ampliación.
- 3,200 millones de dólares el contrato que la ACP suscribió con GUPC.
- 1,300 millones de dólares podría ser el reclamo de GUPC contra la ACP, según el administrador del Canal.
La empresa Sacyr, que lidera el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encargado del proyecto de diseño y construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, decidió no desembolsar más dinero de sus cuentas para pagar a los subcontratistas de esta megaobra.
La empresa dijo que su postura no variará hasta que se le reconozcan dos reclamos de 1,300 millones de dólares en costos que no estaban estipulados en el contrato inicial.
Según una fuente autorizada de la empresa, de capital español, ellos solamente están solicitando un diálogo con directivos de la ACP, con la finalidad de que se tomen las decisiones correspondientes y solucionar esta problemática.
La fecha de entrega de la ampliación del Canal ha tenido que ser pospuesta dos veces.
En 2009, el administrador de ese entonces, Alberto Alemán Zubieta, respaldado por el actual administrador, Jorge Quijano, otorgaron a GUPC el contrato de la ampliación del Canal al presentar una oferta significativamente más baja que la de sus dos competidores. Esto, a pesar de las advertencias técnicas y financieras que fueron presentadas contra la propuesta de GUPC y que hoy día parecen estar cumpliéndose.
Unos 3,200 millones de dólares ofertó GUPC por el contrato, una diferencia de 1,800 millones frente a la de sus competidores. Sin embargo, esta es casi la misma diferencia que ahora reclama la empresa contra la ACP amenazando con paralizar la obra.
GUPC ha pedido negociar fuera del contrato los 1,300 millones de dólares, pero el administrador Quijano se opone y aduce que esta posibilidad no se la permite la empresa que asegura el proyecto.
Ello contrasta con la versión de Sacyr, que dice que el contrato permite la negociación con el cliente para dirimir diferencias entre el contratista y constructor de forma amigable, con la finalidad de llegar a una compensación justa por los trabajos realizados, sostuvo.
De acuerdo con la fuente, “hay que tomar decisiones, ya que hay cosas que surgen en el camino y hay que pagar, no para beneficio de Sacyr, sino del país”.
Destacó que ellos han cumplido con los procedimientos estipulados en el contrato, ya que primero le hacen el reclamo al cliente; si no se llega a un acuerdo con el mismo, pasa a una junta conciliadora y por último al arbitraje.
“No son sobrecostos, sino costos reales. Esta es la obra más monitorizada en el mundo, en la que hay más abogados, aseguradoras, asesores y auditores. Es decir, que no se hace nada sin el consentimiento de la ACP, sin embargo, la disputa está en el reconocimiento económico”, señaló.
En cuanto a la posibilidad de que Sacyr se retire y no culmine la obra, la fuente la descartó, ya que hay más de un 60% de avance en la obra más importante del mundo.
En tanto, Quijano se mantiene en que la ACP no está dispuesta a aceptar la solicitud de GUPC y cualquier negociación sería dentro del contrato.
“Nosotros hemos sido claros en que seguiremos con los procedimientos establecidos dentro del contrato, y si la empresa contratista tiene algún reclamo que hacer, debe realizarlo dentro de los procedimientos establecidos en el mismo”, indicó Quijano.
Ante la posibilidad de que ambas partes no se puedan poner de acuerdo, el administrador ahora deja abierta la probabilidad de que la propia ACP retome el proyecto para concluirlo con el desembolso de 600 millones de dólares que haría la aseguradora si se decreta el incumplimiento del contrato.
En tanto, Sacyr sostiene que la ACP está en capacidad de enfrentar sus reclamos, ya que los ingresos del Canal ampliado se estiman en “2,500 millones de dólares anuales durante 100 años”. “Este dinero no es para Sacyr o GUPC, sino para los subcontratistas, ese dinero se quedará en Panamá”, señaló el representante de Sacyr.
Paralelo a los problemas y reclamos financieros de GUPC, la fecha de entrega de la obra ha sido pospuesta en varias ocasiones.
El primer atraso en la ampliación del Canal fue de seis meses, quedando como fecha de entrega abril de 2015.
Ahora GUPC y la ACP hablan de que la entrega de la obra es para junio de 2015, si en el camino no se enfrentan nuevos obstáculos.
Mientras tanto, este tema es seguido de cerca por varios sectores de la economía nacional que han señalado su preocupación por la situación existente entre la Autoridad del Canal de Panamá y Grupo Unidos por el Canal .
El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Willys Delvalle, señaló que cualquier atraso en la terminación de la obra definitivamente afecta al país.
“Sabemos que la Administración del Canal maneja este tema muy de cerca y es el más interesado en que se concluya el proyecto en el tiempo estipulado. Hay muchas especulaciones en el ambiente en este momento”, destacó.
Señaló que lo importante es que hay mecanismos en el contrato que se deben seguir a fin de determinar las reclamaciones y para que sea expedito.
“Si por cualquier razón el consorcio GUPC no puede concluir la obra, entonces la ACP tendrá que buscar las fórmulas para poder terminar la misma a tiempo, y no dudamos de que lo pueda hacer”, indicó.
Gabriel Diez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), señaló que el contrato que tiene GUPC con la ACP tiene especificaciones y cláusulas sobre procedimientos que se deben cumplir.
“Si GUPC no puede o no quiere terminar el proyecto, también la ACP tiene mecanismos para demandar la fianza de cumplimiento, lo que debería ser lo último que deberíamos hacer, porque eso implica un atraso en los trabajos del Canal”, aseguró.
“Considero que la Junta Directiva de la ACP debe evaluar los pros y contras que pueden tener una u otra situación y tomar la mejor que corresponda para el país y el Canal”, añadió.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Luis Ford, manifestó que por la seriedad que siempre ha caracterizado a la Junta Directiva y la Administración del Canal, “no dudamos que cualquier diferencia que se dé, la misma se manejará conforme a los mecanismos de solución de conflicto establecidos en el contrato y en las regulaciones que rigen a la institución”.
