Salvar a Arthur Andersen: la misión imposible de Paul Volcker

Cuando Paul A. Volcker , quien presidió la Reserva Federal, ofreció, rehacer efectivamente, Arthur Andersen, con la condición de que el gobierno desista de su caso criminal en contra de la firma, la idea aparentaba mucha sencillez.
Pero en realidad, es una idea virtualmente inaudita en donde un honroso agente de bolsa propone un convenio, luego de que una acusación criminal ha sido presentada. Y de seguro es para encontrar una muerte rápida a menos que sirva para moverlos a ambos, Andersen y el gobierno, de sus endurecidas y crecientes posiciones hostiles.
Esta perspectiva es muy escasa, según informaron quienes anteriormente han sido fiscales federales y otros expertos en asuntos legales. Pero, nuevamente, los investigadores de Enron y su auditor, Andersen, han visto demasiados desfavorecidos salir bien, como para hacer a un corredor de apuestas llorar, resultando en la primera acusación en la historia, de una de las principales firmas de contabilidad, que decidiría ir a juicio en vez de llegar a un arreglo.
Al hacer esta propuesta, el Sr. Volcker, quien fue traído por Andersen el mes pasado para restaurar su credibilidad, con claridad está tratando de salvar una situación que se deteriora con rapidez. Desde que fue revelado, por primera vez, que el gobierno, estaba planeando acusar a Andersen, bajo el cargo de obstrucción de justicia por destruir documentos en el caso Enron, la firma se ha ido desintegrando rápidamente. Ha perdido clientes y sus oficinas internacionales se están vendiendo por pedazos. Andersen ha estado presionando y ha recibido una fecha anticipada para el juicio, pero esto ha hecho poco por detener la hemorragia.
En esta propuesta el Sr. Volcker trata de ofrecer al gobierno que un Andersen en el futuro no sería como la firma que está ahora bajo procesamiento. Si la denuncia es abandonada, dijo el Sr. Volcker, él estaría al mando de una junta de siete miembros que harían cambios administrativos, y convertirían a Andersen en una firma enfocada casi exclusivamente en auditoría y no en consultoría. Después, si el gobierno no está satisfecho con las reformas, bajo la propuesta podría presentar el juicio. La mayoría de los que han sido fiscales descartan la oferta de Volcker virtualmente al instante. Por ejemplo, cuando Stephen M. Ryan escuchó su idea por primera vez, se quedó sin habla. No fue porque el Sr. Ryan, un socio especializado en casos de oficinas en Manatt, Phelps & Phillips en Washingon y antiguamente un fiscal federal, estaba sobresaltado. El estaba riéndose demasiado fuerte como para decir algo.
"Tenía un poco del aura de Monty Hall y de "Let"s Make a Deal,"" dijo el Sr. Ryan. "Yo no se que tan seria es o será recibida la oferta, pero si yo fuera el fiscal, no la aceptaría".
La reacción del Sr. Ryan no es rara. En repetidas ocasiones, ex fiscales federales han dicho que simplemente no le darían mucho peso a una propuesta de arreglo proveniente de un tercer interesado ajeno, independientemente de su importancia. En esencia, ellos dijeron, separar ese trato sin concesiones adicionales de la compañía y su administración puede potencialmente dañar el resto de la investigación hacia el colapso de Enron.
"Creo que es silbar en el viento en este punto", dijo Stephen L. Meagher, un ex fiscal federal quien trabaja ahora con Phillips & Cohen en San Francisco. "Si el Departamento de Justicia hace eso, conducirá un mensaje al resto de la investigación de que todas las cosas son flexibles y negociables".
El Departamento de Justicia, efectivamente, envió un mensaje en su declaración del viernes en respuesta a la propuesta del Sr. Volcker. Escrito en señales de humo legales, la declaración dijo que los fiscales toman en cuenta "todas las consideraciones apropiadas" en casos criminales corporativos, incluyendo reformas substanciales, cooperación y aceptación de responsabilidad de Andersen no debería molestarse si quiera pensando en hacer funcionar una propuesta basada en el trato del Sr. Volcker, a menos que esté preparado para admitir que se cometió un crimen.
El mayor problema con la propuesta, según dicen los ex procuradores, es que no difiere mucho del mismo tipo de sugerencias que el mismo Andersen estaba haciendo durante las negociaciones para prevenir la denuncia.
Por ejemplo, Andersen propuso lo que se conoce como denuncia retrasada, en la cual el gobierno se abstiene de presentar una denuncia bajo un acuerdo en el que, de suceder nuevas irregularidades, los cargos originales podrían ser llevados a juicio.
Esto es tremendamente similar a la propuesta de Volcker, dicen expertos en asuntos legales. "Solo es una variación del tema de la denuncia retrasada", dijo Richard Marmaro, un ex fiscal federal que es ahora socio de Proskauer Rose en los Angeles.
"Yo no creo que haya una oportunidad, porque si la tuviera, el gobierno hubiera aceptado la propuesta desde el comienzo".
La única razón por la cual existe una oportunidad para la propuesta del Sr. Volcker, según dicen los expertos en temas legales, es porque en una posición en donde ambos, el gobierno y Andersen ahora tienen tanto que perder, una opción que evita la derrota para ambos, es enormemente apreciada.
Para Andersen, los riesgos son visibles: un juicio no terminaría hasta casi el mes de junio, lo que significa que la firma tendría que luchar bajo una nube de cargos criminales hace esa fecha. Y entonces, existe la posibilidad de que sean condenados.
Pero el gobierno también tiene grandes riesgos en su apuesta para este caso.
Los fiscales podrían perder su ímpetu si su primer gran juicio en la investigación de Enron, resulta ser un desorden en la corte. Para añadir presión, el gobierno ya ha recibido críticas del Congreso por haber decidido enjuiciar toda la firma, poniendo en riesgo el trabajo de docenas de miles de empleados.
111 Para Andersen, los riesgos son visibles: un juicio no terminaría hasta casi el mes de junio, lo que significa que la firma tendría que luchar bajo una nube de cargos criminales hasta esa fecha.
Esta crítica seguro se intensificará si los fiscales son vencidos en la corte, dejando atrás una corporación exonerada, que fue perjudicada por lograr un juicio rápido. Y ahora se está poniendo presión en el caso que dista de ser el mas fácil.
Conducidos por el deseo de una solución fácil, la audiencia del juez federal, programó un fecha para el juicio para el 6 de mayo, menos de 50 días luego del arreglo, un calendario alarmantemente rápido para un juicio de oficina.
Esto se traduce en menos tiempo para el gobierno para preparar testigos, preparar exhibiciones y simplemente para pensar sobre el caso. Simplemente no hay suficiente tiempo.