El proyecto de ley para fusionar 3 bancos suspendidos e intentar salir de la grave crisis bancaria que sufre Uruguay desde inicios de año, ingresó ayer a la Cámara de Diputados que se apronta a sancionarlo el jueves 26 como un atrasado regalo de Navidad para el país.
Pese a la inactividad de hoy y mañana, el presidente de la Cámara, el diputado Guillermo Alvarez, del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EPFA, izquierda), adelantó a la AFP que la propuesta, que cuenta con media sanción del Senado, se votará el jueves en el cuerpo legislativo.
"El texto aprobado por el Senado (también en tiempo relámpago) ingresó formalmente ayer a la Cámara, el jueves se tratará en Comisión y por la tarde lo abordará el plenario para votarlo el mismo día, porque existe consenso", dijo Alvarez.
La iniciativa prevé la fusión en una nueva institución de los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera, los de mayor red de agencias en todo el territorio uruguayo, que quedaron suspendidos por falta de capitalización y liquidez al final de un feriado bancario que se extendió desde el 30 de julio al 5 de agosto.
La nueva institución fusionada se regirá por el derecho privado, pero el paquete accionario estará en manos del Estado. La norma crea además una Superintendencia de Protección al Ahorro Bancario, un Fondo de Garantía de Depósitos y un fondo de Subsidio por Desempleo para los funcionarios.
En los 5 meses de suspensión de esas instituciones (a la que se sumó la del Banco de Crédito cuya compra al Estado gestiona el Grupo de la Unificación liderado por el reverendo coreano Sun Myung Moon, que ya posee parte del capital accionario de la institución), la interrupción de la cadena de pagos y de créditos paralizó la actividad del país.
El EPFA, principal fuerza política con 40% de las bancas del Congreso, estimó que la propuesta "es la menos mala de las alternativas que se han presentado", ante la posibilidad de cierre y liquidación de esas instituciones, declaró a la AFP el senador de esa fuerza política Rodolfo Nin Novoa.
El directorio del Partido Nacional, que controla 22% del Parlamento, también respaldó el proyecto impulsado por el gobierno.