En una de sus últimas acciones como mandatario, Ernesto Pérez Balladares reglamentó, a través de un decreto ejecutivo, la Ley 20 del 24 de noviembre de 1986, por la cual se reglamenta la operación de las empresas financieras.
Entre los cambios que se establecen se destaca que dentro del 4% de comisión de cierre que podrán cobrar las empresas financieras sobre el monto de la obligación pactada para cubrir los gastos que resulten del cierre de la operación se incluirá la investigación del crédito del solicitante, así como los timbres fiscales que conlleven los contratos de préstamos.
Igualmente, todos los movimientos de cuentas, que incluyen el registro por orden cronológico y pormenorizado de todos los movimientos o transacciones y sus respectivos saldos, deberán entregarse de forma certificada a los prestatarios que los soliciten en un plazo máximo de tres días hábiles a partir de la fecha de la solicitud en el área metropolitana.
De tratarse de documentos solicitados en el interior de la República, se dispondrá de un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de la solicitud.
La reglamentación también permite que los estados financieros que deben presentar las entidades financieras puedan ser elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (cuya aplicación fue suspendida temporalmente por la Corte Suprema de Justicia) o los principios de Contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos.
Las financieras deberán indicar con anticipación a la Dirección de Empresas Financieras a cuál de los dos sistemas se acogen. Dicha notificación se hará en la forma y plazo que indique la Dirección.
Las compañías que incurran en faltas a esta disposición se harán acreedoras a las multas previstas en la Ley, así como en las estipuladas en el capítulo IV del Procedimiento para la Revocación de las Autorizaciones y para la imposición de multas que consagra dicho cuerpo legal.
