El secreto bancario dejará de ser intocable y las instituciones financieras deberán sujetarse a nuevas reglas de mayor transparencia sobre la información una vez que se ratifique la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Este instrumento, que será suscrito en Mérida (Yucatán, Golfo de México) los días 9, 10 y 11 de diciembre, entrará en vigor una vez que 30 países firmantes lo ratifiquen en sus Parlamentos.
Es el primer mecanismo para combatir la corrupción y el blanqueo de dinero obtenido ilícitamente a nivel global, ya que anteriormente sólo habían instrumentos regionales y se centraban básicamente en el sector público.
La Convención de la ONU contra la Corrupción incluye al sector privado, especialmente a las instituciones financieras, y brinda por primera vez a Asia y Africa una base jurídica para atacar este flagelo.
La parte más novedosa, incluida en el capítulo sobre la recuperación de activos, es la que se refiere a profundizar el marco que rige a los bancos e instituciones financieras y a regular el secreto bancario.
El documento obliga a los países a "adoptar las medidas que sean necesarias para exigir a las instituciones financieras que verifiquen la identidad de los clientes y tomen medidas para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado".
También les pide intensificar su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por personas que hayan desempeñado funciones públicas prominentes, además de sus familiares y colaboradores estrechos.
Para ello se establecerán directrices sobre el tipo de personas cuyas cuentas deberán tener mayor vigilancia y las cuentas y transacciones sobre las que se deberá prestar "particular atención".
También cada país deberá dictar medidas para que los bancos e instituciones financieras mantengan "durante un plazo conveniente, registros adecuados de las cuentas y transacciones" de estas personas.
Además, deberán regular para impedir la instalación de bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación.
El secreto bancario perderá, de hecho, su poder absoluto y los Estados deberán velar porque no se transforme en un "obstáculo" para las investigaciones sobre delitos de corrupción.
