La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional rechazó en su totalidad por lesivo el proyecto 766, relacionado al contrato entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá S.A.

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Esto a pesar de las advertencias del sector empresarial de que dicho rechazo podría retrasar la reactivación de la economía.

El diputado por el partido Cambio Democrático (CD), Nelson Jackson, manifestó que su bancada no existe "ningún lineamiento", pero aseguró que era necesario el análisis del proyecto.

Por su parte, Pedro Miguel González, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo que el próximo Gobierno va a revisar el proyecto “con mucha calma, pero de aprobarse, se hará a través de un Contrato-Ley que sea del mejor interés del país”.

Un comunicado de la Asamblea Nacional detalla que para que el proyecto sea discutido en sesiones extraordinarias debe ser aprobado en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas.

No obstante, la presidenta de la  Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Mercedes Eleta de Brenes, reaccionó contra la decisión de la bancada del Partido Revolucionario Democrático de no aprobar el proyecto de ley que establece el contrato entre el Estado y la Minera Panamá, ya que ve en esta una señal peligrosa que atenta contra la activación económica del país.

"Me parece que no corresponde, hay una serie de temas en la Asamblea que son muy importantes. El tema del contrato, precisamente de Minera Panamá, estamos mandando señales al mundo muy peligrosas, nosotros queremos una reactivación económica. Estamos hablando de la falta de institucionalidad, de la demora, es un fallo que hubo en la Corte después de un montón de años... mientras tanto la empresa invirtió más de 7 mil millones de dólares, es la inversión privada más grande que existe en este país. Panamá no se puede dar el lujo de politizar y de jugar con la seguridad jurídica y las inversiones que nos permiten crecer y seguir desarrollándonos".

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Luego de 20 años la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá (CSJ), declaró inconstitucional el año pasado la ley que en febrero de 1997 avaló una concesión en Donoso para la extracción de oro, cobre y otros minerales, que fue otorgada a Minera Petaquilla, también de origen canadiense.

El fallo se dio en respuesta a un recurso presentado en 2009 por el ecologista Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) al considerar que el proyecto era lesivo para el Estado y para los recursos naturales del país.

La concesión de Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá, de la que First Quantum posee un 90%, vencía en 2017, pero el actual Gobierno decidió prorrogarla 20 años más.

Con un costo de construcción de 6,300 millones de dólares, la mina Cobre Panamá es el proyecto de inversión privada más importante de la historia del país y se ubica en el área de Donoso, a 200 kilómetros al norte de la Ciudad de Panamá.

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El proyecto, que ha empleado a más de 13,000 personas desde que comenzó, incluye además la construcción de un puerto internacional en la costa caribeña desde donde partirán los buques cargados de cobre, una kilométrica carretera de acceso y una planta eléctrica de 300 megavatios (MW).

Panamá, que recibirá un 2% de las ventas de cobre en concepto de regalías, ha puesto parte de sus esperanzas en esta mina para volver a ponerse a la cabeza del crecimiento económico de Latinoamérica.

La Comisión de Economía y Finanzas rechazó en su totalidad por lesivo el proyecto 766, relacionado al contrato entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá S.A. pic.twitter.com/bw3alhDhkG— Asamblea Nacional (@asambleapa) 29 de mayo de 2019