Sector industrial: ¿carga para el estado?

Ya hace más de 20 años que la industria está siendo subsidiada, sin embargo, en los últimos años el crecimiento ha ido en picada. A pesar de ello, nuevamente buscan un incentivo para continuar operando.
Para el economista Enrique Ho, no tiene sentido que se cree una Ley de Fomento Industrial para continuar cargando un sector económico, que desde hace mucho años, a pesar de los múltiples beneficios y protecciones que el Estado le ha ofrecido, no ha arrojado números tan alentadores en sus finanzas.
Algo que deben tener presente antes de aprobar una ley de este tipo es ver los resultados que han traído instrumentos como los Certificados de Abono Tributarios (CAT"s), u otros subsidios a los que se han acogido los industriales durante estos últimos años, explicó Ho.
Lo cierto es que el cambio en la forma de producir en ese sector ha sido desfavorable, porque la producción y la mano de obra han disminuido.
Los números indican que desde 1998, el sector industrial mostró un crecimiento de 6.4%, de allí en adelante la industria fue decayendo.
Las cifras de la Contraloría General de la República dejan claro que el sector ha mostrado una caída de 28% desde el 1998.
Basándose en lo anterior, la pregunta de Ho es ¿qué garantiza que los Certificados de Fomento Industrial (CFI), traerán mayores inversiones y harán que la industria crezca como sector económico en el país?
"Con esta iniciativa se está haciendo una distorsión a la actividad económica, porque se está inflando artificialmente las ganancias de ciertas empresas que si no estuvieran subsidiadas, se hubiesen reconvertido para hacerse más eficientes y productivas" indicó Ho.
Para Enrique Ho no existe gran diferencia entre un subsidio a la exportación y un incentivo a la inversión, al final se están distorsionando las políticas de comercio.
Lo cierto, es que como en el 2005 finalizan todos los subsidios existentes, el sector industrial ha tenido que crear una nueva figura que sea permitida por la Organización Mundial del Comercio (OMC), y así preservar la ayuda estatal.
"Los incentivos y beneficios que otorga el Estado deben realizarse de manera universal", indicó el analista financiero David Saied.
En tanto, Saied considera que si van a otorgar subsidios deben hacerse para todos los sectores sociales y económicos, y no solo para la industria.
Para los expertos, el problema con los subsidios radica en que al final los que pagan son los que menos tienen. Estos últimos son los que rara vez reciben incentivo alguno por parte del Estado.
Tanto Saied como Ho, coinciden en que si se van a otorgar los beneficios fiscales, lo más importante es que se pidan los resultados, basados en metas de inversión, crecimiento y generación de empleos.
Según Saied si las metas no se cumplen no se debe dotar de este tipo de beneficio fiscal. Agrega que estos beneficios fiscales deben otorgarse por un período de tiempo determinado y no de manera permanente o muy prolongados.
La vigencia del CFI es de 8 años, luego de aprobado, sin embargo la creación de este incentivo no tiene un período de vida específico para el Estado.
Lo anterior significa que en la actualidad es muy difícil tratar de cuantificar cuánto sería el sacrificio fiscal del país, y mucho menos cuántas empresas se acogerán a este beneficio.
Rafael Stanziola, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) aseguró ayer que el sacrificio fiscal del gobierno al sector industrial se estima en el orden de los 30 a 40 millones de dólares anuales.
Sin embargo, pese a los argumentos de Stanziola, los cuestionamientos de empresarios y expertos en comercio exterior continúan en medio de las discusiones de una ley de Fomento Industrial la cual estiman significará la extensión de los subsidios al sector.
Más aún cuando en los últimos años, la industria no ha incrementado su aporte al Estado panameño. La industria aporta al PIB un 9%.
Al respecto Stanziola manifestó que el descenso del sector industrial viene dado desde la baja "abrupta" del techo arancelario durante la administración de Pérez Balladares,
1997 la cual no tuvo en cuenta la gradualidad y la reciprocidad. Panamá asegura, es el único país de América Latina que posee los aranceles más bajos y no tiene reciprocidad arancelaria por parte de los demás países.
Por ejemplo, mientras el país tiene un arancel para el sector textil de 15%, en el resto de los países centroamericanos éste rubro tiene aranceles que van entre 32% a 35%.
A consecuencia de estos aranceles se han retirado una gran cantidad de industrias del país como la Kraft, Colgate Palmolive, El Gallo, y otras.
En ese sentido, destacó que con la Ley de Fomento Industrial no se está pidiendo subsidio, ni subvención sino solicitando una política que permita que Panamá traiga inversiones al país.
Stanziola explicó que el Certificado de Fomento Industrial que será otorgado por un término de 8 años, sólo tendrá aplicación cuando las industrias generen la riqueza de la inversión realizada, de lo contrario, el industrial no lo podrá recibir.
Sin embargo, si este certificado no es utilizado en el término estipulado no podrá ser renovado por el empresario porque no generó utilidades al Estado.
Es decir, sólo podrá utilizarse en los años fiscales que registren ganancias. En el año 2005 deben cesar las compensaciones otorgadas al sector industrial entre ellos: los Certificados de Abono Tributario, el Registro Industrial, la zona procesadora para la exportación.
Los industriales insisten en que Panamá es el único país del mundo que no ha tomado las previsiones para tener un instrumento legal que le permita atraer inversiones.