"En Panamá se dan evidencias claras de inseguridad jurídica, lo que es percibido por la comunidad en general, que ve los cambios inexplicables en las reglas del juego como indicador de inestabilidad", fue una de las conclusiones del foro denominado "Seguridad Jurídica para las Inversiones", organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).
La seguridad jurídica depende de leyes que establezcan claramente las reglas del juego para evaluar los riesgos y posibles ganancias. También, de la existencia de un sistema judicial transparente que sea garantía del cumplimiento de dichas reglas expresó, Carlos Sucre, presidente de APEDE.
Abogados y empresarios enfatizaron en que los esfuerzos no deben enfocarse únicamente en la inversión extranjera, sino también en la inversión local a través de reglas claras que no sean modificadas por vaivenes políticos.
"Aunque el gobierno nacional ha definido su posición en materia arancelaria, es necesario que exponga amplia y abiertamente su política económica general para que la empresa privada y demás sectores financieros puedan ajustarse y colaborar con la misma", indicó José Mauad Ponce, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de APEDE.
Los panelistas coincidieron en señalar seis formas de exteriorización de la inseguridad jurídica: personificación de la ley, refiriéndose a leyes hechas para beneficiar o perjudicar a ciertas empresas o individuos; cambios y modificaciones frecuentes al ordenamiento jurídico; retroactividad de la ley, que significa la derogación constante de legislaciones ya aprobadas; imposición de nuevos impuestos municipales; decisiones judiciales incongruentes, contradictorias e irregulares; así como la realidad política del país.
Por su parte, Jorge Molina, ex magistrado del Tercer Tribunal Superior, señaló que el principal pilar de la seguridad jurídica está en los tribunales de justicia, así como la recta e imparcial aplicación e interpretación de las leyes.
Según el jurista, el limitado número de jueces civiles causa que la justicia sea administrada de manera tardía, lo que crea desconfianza en el sistema judicial y una constante creación de leyes para regular aspectos específicos, muchas de las cuales se contradicen entre sí.
Roberto Brenes, de la Comisión de Valores de Panamá, dijo que es un error prensar que la inversión se atrae y se protege por medio de incentivos fiscales, pues es precisamente la confianza en el sistema político y judicial la que crea un clima adecuado para los inversionistas.
El análisis se centró en la pregunta "¿debemos continuar legislando de manera específica o buscar reglas que den estabilidad para todos?"
"Los incentivos específicos sobre ciertas actividades, muchas veces se convierten en un castigo para otras áreas, mientras que la maraña de requisitos y barreras que siguen a la burocracia estatal sólo añade costos a la inversión y crean altas tasas de interés por el capital inmovilizado en los bancos", puntualizó Brenes.
Según el economista, estas trabas hacen que las inversiones que se promuevan sean únicamente
las de alta rentabilidad y períodos cortos de retorno, que no necesariamente son las que crean empleos a largo plazo.
Aunque queda mucho por hacer, Panamá ha dado pasos concretos e importantes en la materia, lo que se manifiesta en el incremento de las inversiones extranjeras que han alcanzado a la fecha aproximadamente mil 200 millones en comparación con 1996, cuando ascendía a 140 millones, según cifras manejadas por APEDE.
Panamá ocupa el quinto lugar en la lista de destinos predilectos para la inversión estadounidense, según la encuesta del Bank of Boston, dada a conocer durante la reunión anual de Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1998.
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