El gobierno panameño asegura que ha cumplido con los compromisos adquiridos en el 2002 sobre cooperación en materia fiscal con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En una carta enviada a dicho organismo, a través del Ministerio de Comercio e Industrias en consenso con el sector privado, el Gobierno también se compromete a dar cumplimiento al “level playing field” prometido en el 2002, que significa que si otros países realizan movimientos para cooperar, Panamá no puede quedarse atrás.
Actualmente países como Andorra, Suiza, Luxemburgo y Lichtenstein, entre otros, se han comprometido a realizar modificaciones.
Para Otto O. Wolfschoon, de la Asociación Bancaria de Panamá, es correcto que el país comunique su posición ante la OCDE.
Indicó que es evidente que, “sin afectar nuestra soberanía tributaria ni la competitividad de nuestra plataforma de servicios”, el mundo debe conocer que Panamá está dispuesta a cooperar en un plano de igualdad con ciertas iniciativas internacionales.
El Gobierno sostiene ante la OCDE que Panamá ha adoptado las Leyes No.50 y No.53 de 2003 que contienen medidas contra el terrorismo, así como la Ley No.45 de 2003 mediante la cual se incorporan delitos financieros al código penal.
También indica que se cumplió con el Decreto Ejecutivo No. 124 de 2006 referente al suministro de información relacionada con el narcotráfico, el blanqueo de capitales y el terrorismo, además de otras disposiciones.
Con esta medida, el país busca que la OCDE no lo incluya en su “lista negra” de paraísos fiscales, en la reunión que sostendrá el G20 el próximo 2 de abril.
Según Milton Chambonett, de la firma Chambonett & Asociados, Panamá mantiene algunas características que pueden darle beneficios de paraíso fiscal, ya que existen pocos acuerdos bilaterales de intercambio de información tributaria, un secreto bancario de los más blindados del mundo y un sistema de sociedades anónimas desde 1927.
Para el Gobierno y el sector bancario, Panamá no es un “paraíso fiscal”.
El Ministerio de Comercio e Industrias, los banqueros Moisés Cohen y Mario De Diego de la Asociación Bancaria, Alexis Arjona de Banco Aliado, y Eduardo Morgan de la firma de abogados Morgan & Morgan, coinciden en señalar que en el país existe regulación financiera y se pagan impuestos.
