En Panamá son varios los factores que refuerzan la pobreza y la vulnerabilidad ambiental y social.
Estos son, por ejemplo, las serias dificultades en la generación de oportunidades, el endeble sistema educativo, la agobiante deuda externa, y la corrupción como un fenómeno inserto en la sociedad.
Además, la agricultura de subsistencia que no provee los alimentos necesarios, canales de mercadeo que generan exclusión y apropiación, hacinamiento social producto de las migraciones del campo a la ciudad y una aguda desigualdad en la distribución de los ingresos.
Lo anterior está plasmado en los “Informes sobre avances en el derecho a la alimentación”, publicado por la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre.
En Panamá, cuatro de cada 10 personas viven en pobreza total (36.8%) y, del total de la población, el 16.6%, o sea, 508,700 panameños se encuentran en pobreza extrema .
El informe plantea que el país debe avanzar con más celeridad en el proceso de establecimiento de un marco político, social y legal que consolide un enfoque del derecho a la alimentación. El país , se agrega, cuenta con recursos humanos, financieros y físicos para dar un paso más adelante en el progreso de este derecho y, sin embargo, aún muestra niveles de pobreza y subnutrición preocupantes, que no corresponden a su nivel de desarrollo.
Se recomienda que en cuanto a las políticas de disponibilidad y acceso a los alimentos, más que pensar en la agroexportación como solución al tema de la pobreza, el Gobierno podría reorientar sus políticas hacia los pequeños productores.