El inicio de la globalización en los años 80 concitó un árido debate sobre cuál era la mejor fórmula para administrar y manejar los servicios de utilidad pública como el suministro de agua, alcantarillados, electricidad y telecomunicaciones.
De paso, la ciencia económica define este tipo de empresas como “monopolios naturales” ya que éstas requieren un masivo nivel de inversión para proveer el servicio.
Es decir la magnitud de la inversión (una gran represa por ejemplo) impide que pueda haber en un mismo mercado varias empresas rentables lo cual implica que dicha industrias requieren ser reguladas.
Sin embargo, el dilema hasta ahora ha girado en torno a si la provisión del servicio debe estar en manos públicas o privadas. Por consiguiente la discusión se ha alejado de lo medular: que el servicio sea provisto de forma competitiva confiable y con alta calidad.
En el caso de Panamá hay antecedentes como la privatización de las telecomunicaciones (INTEL en su momento). Algunos sostienen que debió quedarse en manos del Estado, otros que el proceso debió hacerse de forma más beneficiosa para el consumidor, y algunos que debió regularse mejor el servicio. En cuanto a la electricidad ocurre algo similar.
No obstante estas críticas, hoy por hoy ambos servicios han resultado en una mayor penetración y tecnificación gracias a la cuantiosa inversión privada, que el estado no puede asumir, lo cual se pone en evidencia a través del incremento por ejemplo, en el acceso a internet, la telefonía celular y la fija. Lo mismo ocurre con la electricidad en particular al haberse eliminado los apagones (aun cuando las tarifas no resultan del todo competitivas en comparación a otras naciones incluso de la propia región).
En el caso del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) por ejemplo, durante las últimas semanas se han puesto de manifiesto los problemas estructurales que enfrenta la entidad y el impacto que genera en la población y la economía urbana las fallas del sistema. A pesar de ello la mayoría de la población pareciera sostener que no debe privatizarse el servicio porque podría traducirse en un incremento de las tarifas.
Frente a esto el Gobierno ha propuesto una figura de “corporatización” del IDAAN lo cual implica que, aun siendo una empresa pública, ésta quedaría sujeta al cumplimiento de indicadores de gestión que mejorarían su eficiencia y su rendimiento (un poco como el caso de la ACP).
Frente al rechazo que representa la privatización de la entidad es posible que esta alternativa pudiese ser la mejor (al menos la más viable políticamente).
Lo fundamental consiste por ende en lograr una mayor eficiencia y productividad en el suministro del agua, mejorando su sistema gerencial y aumentando las inversiones para ampliar la calidad y la cobertura del servicio.
Mas importante aun es mejorar la competitividad de todos los servicios públicos en Panamá bien sea mediante una mejor regulación o una corporatización.
Esto potenciaría la competitividad general de toda la economía y sus agentes. Las empresas y sus organizaciones sólo pueden ser competitivas en la medida en que los servicios públicos sean competitivos.
Mas aun en cuanto al IDAAN, este servicio reviste, además de un impacto comercial, una fenomenal implicación social y sanitaria.
La inversión que se realice en mejorar el sistema de acueductos y alcantarillados tiene un retorno altísimo por cuanto que ayuda a reducir de forma dramática la incidencia de enfermedades contagiosas lo que mejora la productividad laboral y la calidad de vida de la población --lo que a su vez genera importantes ahorros al sistema público y privado de salud.
