La empresa Chevron-Texaco, propietaria de Refinería Panamá, ha clasificado en el renglón de "urgencia notoria" la aprobación rápida por parte del Gobierno para convertir la planta refinadora en un centro de acopio, al registrar pérdidas millonarias por el retraso.
Hoy se cumplen cuatro semanas desde que se hizo público el acuerdo que en un principio había alcanzado el Gobierno y Refinería Panamá para la reconversión de la planta, pero hasta la fecha no se toma una decisión.
El gerente de Asuntos Gubernamentales de la empresa, Rafael Jaén, prefirió no revelar la cifra concreta que alcanzan las pérdidas, tal vez como estrategia de mercadeo. Sin embargo, precisó que los números negativos que vienen reflejando las ganancias se han acentuado en el primer trimestre de este año.
Estas pérdidas no incluyen las instalaciones de la planta refinadora cuya inversión en los últimos 10 años alcanzó los 140 millones de dólares, la cual será removida o vendida como chatarra.
Jaén recalcó que, al no tener claro, cuándo podrían empezar la reingieneria para convertirse en un centro de acopio, no pueden empezar a establecer las nuevas reglas del negocio con sus proveedores y clientes.
Según Jaén la meta de la compañía era tener en marzo un acuerdo aprobado y empezar a trabajar sobre la marcha, porque así lo exige la situación financiera.
"Establecer una relación comercial en el sector de hidrocarburos puede demorar hasta 15 semanas", sentenció Jaén.
Además, la demora de estas cuatro semanas, para una empresa Chevron-Texaco representa meses.
"Nosotros deseamos que esto se apruebe, pero sentimos que no podemos quedarnos esperando por mucho tiempo", dijo el funcionario.
Jaén reconoce que el gobierno es legítimamente soberano para tomar sus decisiones en el momento que consideren oportuno, pero del otro lado de la moneda hay una corporación que ha puesto a andar programas y dinero para arrancar con la conversión.
"Nosotros vemos el tema con sentido urgente, pero no con desesperación. El sentido de urgencia de este caso es altísimo".
Tras varios meses de negociaciones entre la empresa y el Gobierno que tenían como propósito reformar el Contrato Ley firmado entre la Nación y la empresa en 1992 se logró pactar un acuerdo preliminar para dejar sin efecto la demanda de arbitraje internacional contra el Estado por 89 millones de dólares.
La Refinería reclamaba esta indemnización por el incumplimiento de cláusulas contenidas en el contrato ley No35 celebrado entre ambas partes en 1992. El contrato disponía que aquellos derivados de petróleo que ingresaran al país estaban sujetos a una tarifa de protección de empezó en 20% y actualmente llegó a 11%, pero en 1998 se dispuso que las compañías generadoras de electricidad tenían derecho de introducir al país libre de impuestos, los combustibles que utilizarían para la generación de energía eléctrica.
Jaén reiteró que no están dispuestos a negociar y abrir el paquete de compensación ofrecido, por considerarlo como único al repartirse 27 millones de dólares entre 290 empleados. La planilla quedaría reducida a 40 trabajadores aproximadamente.
Los empleados recibirán el salario regular hasta la fecha de terminación del contrato; el decimotercer mes proporcional hasta la fecha que trabajen y las vacaciones acumuladas. Además de la prima de antigüedad y a este total se le sumará el equivalente a las indemnizaciones
Igualmente se le sumará un recargo de 50% más sobre la indemnización y se les otorgará cinco meses de salario adicional. Refinería Panamá reconocerá otro recargo adicional sobre la suma total que resulte de los pagos anteriormente señalados ( prima de antigüedad, indemnizaciones, recargo del 50% y cinco meses de salario) de acuerdo a la edad del trabajador.
No obstante, el sindicato de la empresa ha informado en repetidas ocasiones que no aceptan este paquete de indemnización.
"La negociación con el gobierno no incluía abrir el paquete a discusión con los trabajadores, sino asegurarse que los empleados se verían beneficiados con la indemnización por arriba de lo que exige la ley", puntualizó.
Recalcó que esta no es una imposición de Refinería Panamá, sino el resultado de una negociación que duró dos años, la cual liderizó el ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome por el lado del gobierno.
