Un representante de la industria de la confección de Centroamérica denunció ayer que sindicatos de Estados Unidos intentan frenar en el Senado de ese país la aprobación de la Autoridad de Promoción Comercial (APC, o TPA en inglés), que permitiría la negociación de un tratado de libre comercio (TLC) con los países del istmo.
"El ataque está dirigido contra el posible Tratado de Libre Comercio con Centroamérica", aseguró a la prensa el secretario del Consejo Centroamericano y del Caribe de la Confección y Textiles (CACTAC), el salvadoreño Alfredo Milián.
Milián señaló que la Comisión Americana de Acción y Comercio Textil (ATTAC), organización conformada por sindicatos textiles de Estados Unidos, entre ellos los de la Unión de Empleados de la Industria Textil (UNITE) y la AFL-CIO, busca frenar la aprobación de la TPA en el Senado estadounidense.
ATTAC busca, según el representante industrial, que el Senado de Estados Unidos no apruebe la TPA y exige en cambio que el gobierno del presidente George W. Bush "aumente las medidas de protección" a la industria textil y de la confección de ese país, para evitar que sean perjudicadas por las exportaciones de industrias similares de otras naciones.
La APC, conocida también como "fast track" (vía rápida en inglés), da la potestad al presidente para negociar acuerdos comerciales sin la previa aprobación del Congreso, que tampoco podría modificarlos.
El pasado 24 de marzo, durante la visita que efectuó a El Salvador en el marco de una gira por Latinoamérica, Bush se comprometió a acelerar el proceso de negociación de un TLC con Centroamérica, para lo cual continuaría su cabildeo para que el Senado norteamericano apruebe la APC, antes de agosto. La ATTAC está buscando que el Senado no apruebe la APC antes de agosto.
Pedro Toledo, un banquero que rompió muchos moldes pero que, por encima de todo, era práctico, metió con calzador a Recio en el consejo del BBV y le nombró director general en noviembre de 1988.
Había sido precisamente el ministro de Economía quien había hecho las oportunas presentaciones entre Toledo y su amigo Pepe Recio. Muchos consejeros del BBV no vieron bien la incorporación de «un político con carné» al máximo órgano de poder del banco, sobre todo porque se trataba de alguien que nunca antes había mantenido lazos con la entidad.
Pero Toledo sabía lo que hacía. A Recio le apodaba el abrelatas, por ser quien le conectaba directamente con el superministro Solchaga: un conseguidor de lujo.
Según fuentes conocedoras del caso, fue Recio quien le habló a Toledo por primera vez de Filesa, una sociedad montada por el Partido Socialista a la que bancos y empresas llegaron a pagar, entre 1998 y 1991, más de seis millones de euros (1, 000 millones de pesetas) a cambio de unos informes ficticios. Eso sí, con factura y descuento por pago del IVA.
Dicho y hecho. En 1989, el BBV comenzó a pagar la mordida al PSOE a través de Filesa hasta abonar un total de 1.17 millones de euros (196 millones de pesetas) por unos estudios absurdos que nunca se realizaron.
También en 1989, el BBV pagó 0.65 millones de euros (109 millones de pesetas) a Hausser y Menet por trabajos electorales para el PSOE por facturas a las que tenía que haber hecho frente Filesa.
Ese mismo año, el Gobierno socialista adjudicó al BBV la gestión bancaria del dinero manejado por los juzgados. Cuando estalló el caso, dos años más tarde, Toledo ya había muerto y el banco decidió cargar sobre él todas las responsabilidades.
