El análisis de la empresa calificadora Standard & Poor´s sobre Panamá correspondiente a febrero pasado mantiene la calificación BB + Negativo. En el minucioso examen de diez páginas la calificadora señala como presiones adversas a su actual calificación la elevada deuda pública, la concentración de la economía panameña en el sector terciario (servicios), las deficiencias estructurales de las finanzas públicas y las consecuencias de una recesión para un sistema bancario que ha experimentado un crecimiento de 13% desde 1992.
Asimismo en lo referente al aumento de los aranceles a los productos agropecuarios importados, el informe señala que aunque el incremento de las tarifas no viola las obligaciones de la Organización Mundial de Comercio, el proteccionismo envía el mensaje equivocado a los productores domésticos ya que el proteccionismo se presenta como una herramienta válida para contener la competencia internacional así como para aliviar la pobreza en las zonas rurales. Sin embargo, se anota que basado en las conversaciones con las autoridades panameñas, Standard & Poor´s tiene el convencimiento de que a corto plazo no habrá incrementos arancelarios.
En el capítulo de la deuda externa, la calificadora anota que el gobierno panameño hasta ahora ha seguido una estrategia proactiva. Desde el lanzamiento del Plan de Bonos Brady, ha adquirido o intercambiado aproximadamente el 50% del principal de dichos bonos, con vista a reducir el valor presente neto de la deuda, recuperando garantías, extendiendo vencimientos y mejorando el rendimiento (a pesar de que a corto plazo esto último represente un costo más elevado). Indica que en 1999 recompró 200 millones de dólares de la deuda en Bonos Brady como parte de sus operaciones normales de deuda. Pero para el 2000 el presupuesto contempla financiamientos nuevos por 750 millones de dólares, de los cuales 500 millones espera obtener a través de emisiones internacionales de bonos, de los cuales 200 serían usados para aliviar la deuda, 150 millones de dólares de las instituciones financieras internacionales y el resto de financiamientos locales.
Específicamente la perspectiva negativa que refleja Standard & Poor´s considera que cualquier uso del capital del Fondo Fiduciario, que tiene activos que superan 1,300 millones de dólares, desencadenaría el riesgo de un indeseable estímulo fiscal. También refleja la perspectiva negativa la ambivalencia de la nueva administración acerca de la profundización de reformas estructurales, como lo evidencia la elevación de las tarifas arancelarias agrícolas, la falta de voluntad de hacer reformas fiscales profundas, el retroceso en los prospectos de reformas de la seguridad social y la privatización de ciertos sectores de la administración pública.
Por otro lado, la calificadora norteamericana manifiesta que la política económica se estabilizaría a un nivel aceptable si la administración Moscoso tuviera éxito en presionar a la Asamblea Legislativa para poder retirar los Bonos Brady del mercado recomprándolos con el Fondo Fiduciario y si mantiene disciplina fiscal y no retrocede en las principales reformas estructurales no llevadas a cabo por la anterior administración.
