Subsidio estatal suma más de $172 millones

HASTA EL tercer trimestre de 2006 el Gobierno había pagado 172 millones de dólares en subsidios, o sea, un 70% más que en el 2005.
La tajada más grande fue para evitar el aumento de la tarifa eléctrica, para lo cual se destinaron 96 millones de dólares.
Otros $38, 2 millones se utilizaron para mantener los intereses preferenciales para las viviendas con un costo de hasta 62 mil dólares.
Con este subsidio, que es entregado a los bancos, las personas pueden adquirir un préstamo hipotecario con un interés entre 2, 5 y 3%. De no existir el interés, superaría el 7%. Dentro de los $172 millones también se incluyeron tres millones de dólares para subsidiarle el combustible a los transportistas, y $36 millones que dejó de percibir el fisco por la exoneración del impuesto del gas licuado.
Además de estos subsidios hay que mencionar las exoneraciones que hace el Gobierno al sector agroexportador, entre las que se encuentran los Certificados de Abono Tributarios, que suman más de 48 millones en los últimos tres años.
Para este año ya se contemplaron $35 millones para subsidiar el aumento de la electricidad y $3 millones para subsidiar a colegios privados.
Como el Gobierno no fabrica dinero, lo que hace es que dentro del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas incluyen fondos para pagar cubrir estos pagos.
No obstante, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá afirman que "es insostenible" que el Estado siga aumentando el pago de subsidios.
Ambos gremios hicieron énfasis en el reciente subsidio a la energía eléctrica, agregando que existen otros mecanismos que no representan desembolsos estatales para evitar el incremento de la tarifa.
La agricultura, los partidos políticos, algunas escuelas privadas, los agroexportadores, la industria forestal, las empresas eléctricas, las zonas procesadoras, el sector construcción y las Organizaciones No Gubernamentales, entre otros, reciben ayuda gubernamental.
Gremios privados se oponen a la política paternalista del Gobierno.