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Facultades para la Superintendencia de Bancos de Panamá, nuevos tipos penales y el reforzamiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) son algunos de los puntos que contempla el proyecto de ley para prevenir el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, que será presentado hoy al Consejo de Gabinete.
En la búsqueda de soluciones a la situación que enfrenta el centro bancario panameño y su inclusión en la lista gris, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) le exigió a Panamá que cuente con una regulación más estricta, que incluye el acceso a la información de sus cuentahabientes.
Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, anunció la intención de reforzar la capacidad de la Superintendencia de Bancos para que tenga acceso a la información completa sobre activos y pasivos de los cuentahabientes.
Indicó que en la actualidad la SPB no tiene la facultad legal de ver pasivos, ni conocer quiénes son los dueños de los depósitos, con lo cual “pueden asegurar que los bancos cumplan con normas vigentes, pero no preguntar quién es el dueño de esta cuenta”.
No obstante, en Panamá la legislación no contempla el término secreto bancario, sino la “confidencialidad bancaria”, lo que indica que las normas bancarias regulan estricta y específicamente la confidencialidad para brindar protección a inversionistas locales y extranjeros.
A juicio del economista Ernesto Bazán, miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), esta medida no compromete la confianza de los depositantes o personas que quieran interactuar con el centro bancario.
Señaló que “se trata de dar atribuciones especiales al órgano regulador, con las responsabilidades del caso, teniendo en cuenta que se trata de información sensitiva que obliga a tomar todas las medidas preventivas para salvaguardar la confidencialidad de la información”.
En tanto, el presidente del Sindicato de Industriales (SIP), Ricardo Sotelo, sostiene que es una medida con la que se busca solucionar un problema, en un momento en el cual el Centro Bancario Internacional no puede seguir creciendo.
Para el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP), José Luis Ford, si eso es lo que el mundo exige en temas de transparencia financiera, hay que ir con el mundo, lo importante es que no vulnere la autonomía de Panamá, sus leyes e intereses.
Normas existentes
Por su parte, Mario de Diego, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, señaló que el proyecto de ley no es nuevo, sino que reforma la Ley 42, que está vigente.
Señala que el principal elemento que aporta este documento es incluir como sujetos obligados todas las actividades en las que se pueda producir el lavado de dinero.
Otro elemento es que la UAF debe reformarse para que sea totalmente autónoma e independiente, puntualizó. Panamá se comprometió a aprobar un plan de acción que debe estar aprobado antes del 30 de junio de 2015.
Proyecto de ley amplía regulación a actividades públicas y privadas
La Ley antiblanqueo regulará otras actividades económicas del país, como la Zona Libre de Colón y las zonas francas, la Lotería Nacional, casinos y establecimientos dedicados a apuestas y juegos de azar, promotoras y corredoras de bienes raíces, compañías de seguros, reaseguros y corredores de reaseguros.
Rolando de León, gerente general del Banco Nacional de Panamá, dijo que esta medida es positiva porque incluye a entidades no financieras, que realizan actividades en las que se manejan cantidades de efectivos o transferencias y que en otros países ya han sido utilizadas para lavado de dinero.
En cuanto al reforzamiento de la UAF, Carlos Troetsch, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, considera que debe partir del hecho de que la misma está supervisada por el Ministerio de la Presidencia, lo cual es un tema que los gremios ya han pedido que se revise.
