El Superintendente de Bancos de Nicaragua, Noel Sacasa, presentó ayer ante la Asamblea Nacional una queja por la interpretación que hacen de la ley los once magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en especial aquéllas que salvaguardan al depositante.
Sacasa expuso ayer ante el Parlamento el informe de la gestión de la entidad a su cargo en los años 2000 y 2001, período en el que se intervino seis bancos privados, que causaron pérdidas al Estado por más de 500 millones de dólares.
El alto cargo comentó la sentencia que emitió hace dos semanas la Sala Constitucional de la CSJ, que amparó al ex banquero Haroldo Montealegre, uno de los accionistas del Banco Mercantil, intervenido por falta de liquidez para cubrir los depósitos del público.
Montealegre recurrió de amparo hace más de un año bajo el alegato de que Sacasa violó, con la intervención del Banco Mercantil, dos de sus derechos constitucionales, el debido proceso y a su defensa.
El Superintendente de Bancos expresó su preocupación por la forma en que los magistrados de la CSJ interpretan las leyes, porque según la ley orgánica de la Superintendencia y la Ley General de Bancos no puede existir proceso previo para intervenir un banco.
Señaló que esas legislaciones "son especiales" para regular las instituciones financieras "especiales", que manejan depósitos de sus ahorradores, y le faculta a actuar de oficio, sin aviso previo, para salvaguardar a los depositantes.
Una fuente de la Superintendencia dijo a ACAN-EFE que Montealegre "busca ser indemnizado por el Estado, porque como accionista del Banco Mercantil no fue notificado de la intervención, lo que la CSJ interpretó como indefensión".
Explicó que la Superintendencia no puede notificar a todos los accionistas de una entidad financiera de las medidas a tomar en caso de falta de liquidez y cierre porque éstos tienen a un representante legal, sea el presidente de la junta directiva o el gerente.
Sacasa indicó a los diputados que "ante sentencias como éstas, sería mejor que la Asamblea Nacional derogue la ley orgánica de la Superintendencia, la Ley General de Bancos y entidades financieras, y deje a los depositantes arriesgar su dinero por cuenta propia".
La fuente financiera declaró que a pesar de la sentencia de la Sala Constitucional, la Superintendencia "agotará otras acciones que nos permite la ley para defender al sistema financiero, el orden público y la economía del país".
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