La situación financiera del país no es un secreto, pero si es una verdad que sabe amargo.
Las proyecciones indican que durante el último trimestre la economía comenzará a perder velocidad, ante la decisión del gobierno en aplicar una política de austeridad, aunado al incremento de gastos por el alza del petróleo y el aumento en las tasas de interés, explicó Héctor Alexander, viceministro de Economía.
Alexander participó ayer en la conferencia mensual que organiza la firma económica consultora Arden & Price.
Ante un déficit que supera el 5.3%, más allá de lo que permitía la Ley de responsabilidad Fiscal, la nueva administración decidió reducir las deudas para mejorar el grado de inversión, sobre el efecto de ingresos y de precio, pese a que esto cueste que la economía registre un crecimiento menor.
"Esto significará una forma de ganancia para las empresas porque reduce la calificación de riesgo país", dijo Alexander.
En este sentido, aclaró cómo se maneja el registro de las finanzas públicas y anunció que los ajustes fiscales continuarán sin perjudicar las exportaciones o las importaciones.
"El manejo de las finanzas públicas se había apartado de ciertos principios, definiciones y métodos convencionalmente aceptados", dijo.
Por ello se tomaron fuertes decisiones que establecieron "nuevos" y "legales" criterios en la presentación de las cuentas fiscales.
Según el viceministro, el manejo d el déficit llevará al Estado a tener un menor ritmo de crecimiento de la deuda a mediano y largo plazo.
La nueva política fiscal presentará correctamente los recursos que dispone el Estado para hacerle frente a sus compromisos en base al principio de Flujo de Caja. La metodología excluye las Finanzas del Canal de Panamá, porque no lo consideran conveniente. Se eliminó la práctica de registrar como ingresos los dividendos no ganados en futuros beneficios fiscales correspondientes al Banco Nacional, ya que la práctica era anticipar dividendos que ni siquiera se habían registrados. No se registrarán como ingresos las Ganancias por Recompras de Bonos emitidas por el gobierno. Además, excluye los incrementos de activos líquidos de Panamá, el registro de los peajes del Canal y el Pago por servicios Públicos.
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