Panamá es un país geográficamente privilegiado, lo que le ha llevado a obtener un puesto importante en el mundo de las comunicaciones. Desde el surgimiento de las telecomunicaciones en nuestro país era inconcebible la idea de poder elegir el proveedor de telefonía básica. Hoy en día, este innovador concepto es una realidad ya no tan lejana, derivada de la venta de empresas estatales, a través de un proceso de privatización. La privatización del sector es una realidad que no solamente afecta a nuestro país sino a Latinoamérica y al mundo.
El objetivo principal de los gobiernos con la privatización es el de mejorar la eficiencia, infraestructura, el desempeño de la compañía, optimización del servicio y abaratamiento del costo al consumidor, así como la creación de mejores condiciones para los gobiernos, consumidores, empleados e inversionistas, a través de la implementación de tecnologías de vanguardia.
Sin embargo, este proceso no es tan fácil como parece debido a que en muchas ocasiones se ve empañado por metas políticas adicionales y sensibilidades de aquellos responsables del proceso, que pueden complicar la decisión de vender. De esta manera la privatización será siempre política. Otros factores de vital importancia son las percepciones que tiene el inversionista sobre el alto riesgo del país y la necesidad de una compleja legislación..
En Panamá fue en 1996 que se dio el primer intento a la privatización del INTEL, entidad estatal que poseía el monopolio de todos los servicios básicos de telecomunicaciones. Las compañías participantes en la licitación eran GTE (U.S.), SBC (U.S.) y Telefónica Internacional de España (TISA, España). GTE Y SBC fueron precalificadas por el Gobierno de Panamá. TISA fue descalificada debido a que el gobierno español tenía participación en las acciones de TISA y la Ley del INTEL prohibía a toda empresa que tuviera inversión gubernamental extranjera, a participar en la licitación.
A mediados del año 1996, SBC tomó la decisión de retirarse de la licitación dejando a GTE como único licitante. Como resultado de esta situación, el gobierno panameño decidió reiniciar la licitación en vísperas de conseguir un procedimiento justo y transparente.
GTE (U.S.) y Cable & Wireless (C&W, U.K.) fueron pre-calificados en un segundo intento de venta. Finalmente, el 20 de mayo de 1997, el Gobierno panameño vendió un 49% de las acciones del entonces proveedor gubernamental I.N.T.E.L. a la empresa de capital británico, Cable & Wireless (UK), por la suma de $652 millones de dólares, superando la oferta de GTE de $452 millones. La adquisición del INTEL colocó a C&W en una posición dominante en el sector Caribe. Hasta el 31 de diciembre del 2002, la empresa C&W Panamá será el proveedor que tendrá exclusividad para brindar los servicios básicos de telecomunicaciones como lo son los servicios de telefonía básica, incluyendo telefonía local y de larga distancia nacional e internacional, telex, fax y servicios de transmisión de datos.
En enero del 2003 los servicios básicos de telecomunicaciones y en el 2007 la telefonía celular, quedarán completamente abiertos a la competencia. De tomarse las medidas adecuadas para crear un ambiente que fomente la inversión extranjera y la transparencia por parte de aquellos encargados de llevar a cabo el proceso, los panameños podremos finalmente experimentar la libertad de escoger nuestro proveedor.
PERO LOS INTERROGANTES QUE NOS QUEDAN DE ESTE PANORAMA SON
¿Verdaderamente se acabará el monopolio o simplemente se convertirá en un duopolio? Se dividirán el poder entre las empresas existentes y las entrantes, dejando a un lado el interés del consumidor? ¿ El actual proveedor permitirá la libre competencia o pasará como en otros países latinoamericanos, en los cuales los inversionistas interesados en entrar al mercado se encuentran con un sin número de dificultades? La autora es licenciada en Derecho y sigue una Maestría en Internation Business Law en Washington y realiza prácticas laborales en Intelsat.
