La Ley 6 de 3 de febrero de 1997 establece que las empresas de distribución tendrán una concesión por 15 años, mientras que en el caso de las generadoras el período será de 50 años.
El asesor de SITIESPA, Miguel Ángel Pérez, señala que el problemas de las acciones se acentúa más debido a que sólo faltan 8 años para que termine la concesión de las empresas distribuidoras donde el problema es más grave, a pesar que la concesión puede extenderse 15 años más.
Además de las acciones que fueron vendidas por los trabajadores después de ser cesados y que en algunos casos fueron adquiridas por ejecutivos de las actuales empresas del sector eléctrico, hay un número considerable de acciones que no fueron adjudicadas y que están pendiente de ser ofertadas.
Este proceso de adjudicación debió ser ejecutado hace algún tiempo por la Unidad Coordinadora de Privatización (PROPRIVAT) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero esta oficina fue cerrada por la actual administración.
Según Pérez, PROPRIVAT tiene la responsabilidad de hacer un llamado para que los actuales trabajadores de las empresas privatizadas que tienen intención de comprar acciones las adquieran.
Después de este proceso, la ley establece que el remanente de las acciones que no sean adquiridas serán ofertadas a los empleados de la empresa estatal de transmisión ETESA y aquellos que notificaron su intención de participar en el proceso y que se acogieron a un mutuo acuerdo. Se piensa que por el cierre de PROPRIVAT el proceso está en un limbo jurídico. Pero el departamento legal del MEF se está encargando del caso.
"Aunque no se conozca el actual valor de las acciones del sector eléctrico, las mismas en un futuro tendrán un alto valor debido a las inversiones que están realizando las empresas", dijo Pérez. Aunque advirtió que el sector se puede contraer, ante el anuncio de la Asamblea Nacional de revisar los contratos de las empresas privatizadas.
