La Cámara Americana de Comercio, Industrias de Panamá reconoció que la situación actual de Panamá en las conversaciones exploratorias para un Tratado de Libre Comercio con EU "no es la ideal" y en su caso, recomendó ejecutar acciones concretas a fin de lograr este acuerdo comercial.
Según el gremio de no lograrse el TLC esto podría repercutir en las transacciones comerciales que se lleven a cabo entre empresas locales y norteamericanas. Una de las ventajas de estos tratados es establecer condiciones comerciales niveladas entre ambos países, acceso a mercados, y eliminación de ciertos aranceles, entre otros.
En los últimos meses se han dado una serie de cuestionamientos que ubican a Panamá, como un país rezagado en las negociaciones con EU, toda vez que los países de Centroamérica han dado avances significativos sobre la materia.
Ivette Elisa Martínez S., presidenta de ANCHAM consideró al respecto que existe un ambiente positivo a nivel de las entidades en Washington como en Panamá, pero "se necesitan acciones concretas para lograr que las negociaciones se den a nivel de las autoridades gubernamentales de ambos países. Incluso el sector empresarial puede apoyar esta iniciativa" manifestó. Según Martínez lograr acuerdos comerciales son la tendencia mundial y Panamá no puede escaparse de esa realidad y de las alianzas que se dan entre países.
Aseguró que a través de ANCHAM el gobierno cuenta con un gremio empresarial que apoyará esta gestión. El gremio "ve muy favorable" la realización de un TLC entre Estados Unidos y Panamá ya que ambos han sido socios comerciales de años y es una situación natural que esto se refleje en un acuerdo comercial, dijo la presidenta.
Destacó que la ANCHAM jugará un papel de facilitador para que las empresas norteamericanas y panameñas hagan llegar sus inquietudes o planteamientos sobre el tema. Martínez informó que en los próximos días sostendrán acercamientos con los estamentos del Estado que manejan las conversaciones exploratorias Panamá-EU para conocer la situación actual de las conversaciones exploratorias en este caso.
Por ello, la Junta Directiva del Colegio determinó como prioritario, sin soslayar otras situaciones nacionales y gremiales, que debíamos insistir en la reactivación del Consejo Judicial, que sería el medio directo de presentación de fórmulas de solución a los graves problemas que aquejaban a la Administración, ante la persistente percepción de falta de credibilidad y confianza en esta.
Y es así, que luego de más de 7 años se alcanzó el cometido, y hoy podemos ver reflejados algunos de sus frutos.
Se elaboró y presentó en diciembre del 2002, el Plan de Agilización de la Justicia, que constituye una valioso diagnóstico de los factores que afectan la acción y eficiencia de la justicia, y cuyas recomendaciones ya se han puesto en práctica.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia bajo la dirección del Magistrado Arjona elaboró su Plan Estratégico, que le da continuidad a gestiones cumplidas por sus predecesores, con claridad en la Visión y la Misión que tiene que cumplir ese importante Órgano del Estado.
No obstante, esto nunca será suficiente, y para cimentar la credibilidad del Poder Judicial deben darse pasos concretos, en el escogimiento de todos los funcionarios, del Órgano Judicial y del Ministerio Público, sean estos de carrera judicial o los designados por el Ejecutivo, siendo estos en los que se debería prestar mayor cuidado, pues bajo ningún punto de vista pueden ser consecuencia ni verse inmersos en los apetitos siempre insatisfechos de corrientes políticas.
El Colegio ha sido coherente con su mensaje y con la historia. Desde el año 2000, cuando recién comenzábamos a escuchar sobre la posibilidad de esta propuesta, nos fue requerida opinión sobre el particular, la cual fue presentada a la consideración, del entonces Viceministro de Economía, Norberto Delgado Durán y su equipo de trabajo, quienes felicitaron el trabajo presentado por el Colegio.
Pero esto no resultó fácil, porque el Presidente del Colegio, César Guevara manifestó a los medios de comunicación, con justificada razón, que resultaba injusto que la economía soportara más impuestos, si el Estado no restringía sus gastos, y cuando seguían un número plural de funcionarios con escoltas, conductores y autos, sin tener cargos de altísima responsabilidad, declaraciones que produjeron la incomprensión y falta de tolerancia esperadas.
Desde aquel momento, hasta que se anuncia en agosto de 2002, que se constituía un Diálogo por la Reactivación Económica, no se había vuelto a tratar el tema.
El Diálogo no fue incluyente, ya que muchos sectores productivos, entre ellos, los profesionales, las artes y oficios en general, jamás fuimos convocados al mismo, ni tampoco se nos permitió incorporarnos para poder ofrecer nuestro concurso en un asunto tan sensitivo.
Los resultados son conocidos por todo el país, culminó el Diálogo "sin consenso" en lo atinente a los nuevos impuestos y se presentaron para su aprobación a la Asamblea Legislativa.
En esas circunstancias, hubiera sido más fácil y cómodo dedicarnos simplemente criticar y oponernos a los nuevos impuestos, pero fuimos responsables. Y es así, que se conformó la Comisión Técnica de economistas, contadores, tributaristas, ingenieros y arquitectos que durante semanas estuvimos laborando intensamente en la Cámara Panameña de la Construcción(CAPAC), para presentar una alternativa destinada a que no se hiciese más pesada la carga fiscal de los panameños y atenuar los efectos de la propuesta que se había presentado, acudimos a la Asamblea para tratar de dar a conocer las objeciones al proyecto y presentar las sugerencias y recomendaciones al mismo, ante la imperiosa necesidad que demostraban los interlocutores gubernamentales de llevar adelante este paquete de Reformas.
En un término perentorio, fue elaborado un procedimiento administrativo tributario, que procura dotar de una real y efectiva imparcialidad a la Administración Tributaria, donde se garantice efectivamente el debido proceso a los contribuyentes en sus relaciones con el Fisco, proyecto que fue presentado en diciembre del año pasado ante la Comisión de Política Económica y Hacienda Pública de la Asamblea Legislativa.
Al final, y gracias a la permanente cobertura y difusión que nos brindaron los medios de comunicación, conseguimos que desestimaran la creación del impuesto mínimo a las personas jurídicas, la eliminación del 5% a los cosméticos y los electrodomésticos, en función que resultaban los resultados todos los conocemos, no hubo "consenso" en la mesa del Diálogo en el tema de los nuevos impuestos, y aún así, fueron llevados a su aprobación por la Asamblea Legislativa, convirtiéndose en la Ley 61 de 26 de diciembre de 2002.
Más que los sectores profesionales, todos los panameños y residentes de la República de Panamá somos coincidentes en que el Estado, debió restringir y eliminar los gastos excesivos y evitar con ello la imposición de más tributos.
Para aquéllos que dominan los temas económicos, siguiendo a los grandes autores en esta materia, resulta claro que si se querían atacar con algo de éxito los efectos de la desaceleración, contracción o recesión, que afectan a Panamá y gran parte del mundo, deberían procurarse mecanismos destinados a dotar de mayores ingresos y de reducción de los impuestos a los administrados y así lograr que exista mayor circulante, estimulando con ello la economía. Ese es un tema de los economistas, no de los profesionales del Derecho y por respeto y consideración a los mismos, preferiría que lo ellos lo desarrollaran.
Pero, en lo que a los abogados se refiere, es evidente, que el gravámen a los servicios es de responsabilidad del profesional, y eso vulnera el artículo 40 de la Constitución Nacional, a cuya lectura invito, confrontando dicha norma con lo preceptuado en la Ley de Reformas Tributarias, en la que se establece que es el profesional el responsable ante el Tesoro Nacional, lo cual, además de encarecer nuestra actividad, entraña una severa tarea con el Ministerio de Economía y Finanzas. Leer en forma distinta a lo preceptuado en la Ley es querer engañarse.
Estamos en espera del pronunciamiento de la Procuradora de la Administración sobre la Demanda en cuestión, y que ojalá no se aparte de lo que ha sido la jurisprudencia consistente y afirmaríamos doctrina probable(que significan 3 fallos en igual sentido sobre una materia) de la Corte Suprema de Justicia en los últimas 5 décadas al respecto, porque esto sería lamentable, pero al final habiéndose agotado dicha etapa procedimental, tendrá la Corte la última palabra.
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