Cuando se habla de una persona con problemas de drogas, siempre se piensa en el típico piedrero que busca algo que comer dentro de un basurero o en las llamadas pandillas callejeras. Sin embargo, cada día aumenta más el número de drogadictos de saco y corbata, así como de casco y botas.
Teniendo en cuenta que el problema de las drogas afecta a un gran porcentaje de la población económicamente activa, sin importar cualquier distintivo, el Ministerio de Trabajo y la Caja de Seguro Social han reactivado el programa de prevención de drogas en instituciones públicas y privadas.
De acuerdo con estimaciones de la fundación Pro Vida, en los 80 habían en Panamá aproximadamente 100 mil personas dentro de la población económicamente activa, y en los 90, esta cifra se duplicó.
Joaquín Arias, asesor del Ministerio de Trabajo y presidente de la Fundación Pro Vida, indicó que este no es un problema de tipo de trabajo ni de clase social. "Desde mensajeros, arquitectos, abogados, altos funcionarios, y obreros de la construcción. El problema es a nivel nacional", señaló Arias.
"Se dan seminarios y la orientación necesaria para que los empleados tengan la panorámica completa de todo el problema del consumo de droga".
A los pacientes se les indica cuales son los efectos, problemas a corto y largos plazos que implica el consumo de drogas y se les orienta en base al programa de prevención familiar, comentó Arias.
La drogadicción es una enfermedad que afecta mucho a los empleados que son padres de familias.
La Fundación Panameña Provida, por 15 años trabaja en programas de educación preventiva dentro de las diferentes organizaciones gubernamentales.
La Cruz Blanca panameña también trabaja en conjunto con la fundación Pro Vida, en los programas de prevención de drogas en las instituciones públicas y privadas.
"No quisiera decir dónde hay mayor números de funcionarios con problemas de drogas. El problema está en todos lados; el problema está en la empresa privada, como en la empresa pública", aseguró Arias.
Manifestó que cada empresa maneja el criterio de antiduping según su ideología, no existe un formato o una regulación que haga obligatorio este tipo de examen.
"Cada empresa maneja la forma como ellos quieren llegar y orientar a sus trabajadores, nosotros no podemos imponerle este examen", reiteró Arias.
Comentó que la visión actual del empleador sobre el trabajador ya no es el de despedirlo a la hora que se le descubra su problema con la droga. Ahora se le ayuda a entrar en un tratamiento ambulatorio o de internado.
"El tratamiento ambulatorio es muy bueno porque el paciente sigue trabajando y por las noches va a un grupo de auto ayuda", expresó el presidente de la Fundación Pro Vida.
"Yo recuerdo que la época que en era el IRHE, teníamos un tratamiento muy estrecho de los trabajadores que salían positivo, al igual con los de la policía y otras instituciones", aseveró Arias.
Señaló que la empresa privada está sumamente interesada en subir la calidad del trabajador, ellos están anuentes de que tienen que crear los programas de prevención educativa.
"Hay otros que no lo hacen porque no tienen los recursos, pero sí están interesados".
