La Federación de Trabajadores del Canal reiteró ayer su apoyo a Lourdes Castillo, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, luego de que la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá parapusiera una denuncia contra ella ante el fiscalizador general de esa entidad.
La denuncia se basa en que Castillo confirmó que dentro de la ACP está abierto un proceso de investigación contra el vicepresidente ejecutivo de Planificación y Desarrollo Comercial de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Rodolfo Sabonge, sin entrar a dar detalles del caso.
Sin embargo, se conoció que en medio de la investigación Sabonge renunció al cargo en la ACP y ahora solicita el beneficio de la jubilación anticipada, lo que le representaría un desembolso de 300,000 dólares. Esto, a pesar de que el fiscal general de la ACP, Antonio Domínguez, no ha presentado su informe final donde se establecerá si Sabonge es responsable o no en la irregularidad que se investiga.
Medios de comunicación han vinculado este caso a la adjudicación de una consultoría en la que se benefició con información privilegiada a una empresa y se utilizaron los números de teléfonos de la ACP.
Los trabajadores de la ACP sostienen que no se puede atacar a Castillo por solo informar sobre investigaciones de irregularidades en la ACP, una institución que debe demostrar que es transparente en todos sus actos.
Luis Yau Chaw, secretario general de la Unión de Ingenieros de la Autoridad del Canal de Panamá, señaló que en la entrevista a Lourdes Castillo él no vio que ella estuviera dando detalles del caso, sino que simplemente confirmó que se estaba dando una investigación. “No considero que ella haya violado ningún código de la ACP, hasta nosotros, los mismos trabajadores, cuando damos declaraciones se nos trata de paraponer una acción disciplinaria bajo la excusa de que violamos el Código de Ética”.
Por su parte, el diputado perredista Crispiano Adames al ser consultado señaló que “si el Canal advierte sesgos de corrupción como los que se han expresado, considero que no es posible impulsar procesos en contra de quien advierte supuestas irregularidades, con el pretexto de haber violado un código o condición de confidencialidad”.
Adames consideró que lo que hay que hacer es dar a conocer los hechos para que la ciudadanía conozca si en verdad se han dado esas acciones en la entidad.
