Al comparar el año pasado con el 2001 se percibió un decrecimiento del 9% en el hipódromo, 5% en las salas de bingo, 19% en las mesas de juego, pero un crecimiento de 25% en máquinas traga-monedas y agencias de eventos deportivos.
Lo que arroja como resultado un balance positivo a favor de la industria del juego en Panamá, señaló Young-Rodríguez. Producto del imperio del decreto Ley 2 de 1998 nace en la vida jurídica del país una nueva legislación con respecto a esta industria, en la que la JCJ asume el papel de regulador y fiscalizador.
Dando paso así, a que el Estado deje de ser un operador de los antiguos Casinos Nacionales y se convierta en un socio de las empresas privadas que operan el negocio. En cada una de esas actividades el Estado recibe una participación que varía dependiendo de su clasificación.
En tanto, la JCJ realiza una labor de regulación asegurándose que los operadores no solo cumplan la Ley, sino, que ejerzan sus obligaciones con el fisco. Adicional a ello vela por que se efectúen todas las normas y los procedimientos necesarios con el fin de salvaguardar al público apostador.
Desde el momento que una persona se interesa en esta industria y se acerca a un local de apuesta, se debe garantizar que su actividad se desarrolle de manera transparente, sin estafa y a la vez que la empresa no pierda por acciones ilegales del cliente, sostuvo Young-Rodríguez. "Garantizamos los intereses de los operadores, apostadores y sobretodo del Estado" indicó.
La nueva reglamentación surge luego que en 1997 se privatizaran los Casinos Nacionales y las Salas de Máquinas. Para esto hubo dos licitaciones, en donde para el grupo-A se licitaron todos los casinos de la República. El número de casinos fue bastante cerrado ya que en la evaluación realizada por técnicos se consideró poco rentable mantener la actividad en ciertos lugares.
Por esta razón se decidió otorgar cuatro licencias al grupo Fiestas Casinos (Casinos del Hotel Panamá, Soloy, Washington y del Nacional en Chiriquí); también se le concedieron cuatro al Grupo Crown Casinos permitiéndole desarrollar la actividad en el Hotel Continental, Caesar Park, y en el Granada, quedándole de momento una sin utilizar.
El Estado recibió del primer grupo la suma de 3.5 millones de dólares, mientras que del segundo 3 millones de dólares.
En la segunda licitación pública para el grupo-B se concedió el derecho a operar 14 Salas de juegos al grupo Games & Services, compañía que pagó 20 millones de dólares al Estado.
A partir de aquí estas empresas empezaron a pagarle al Estado, se han aprobado reglamentaciones y la JCJ ha concedido normas para adecuar la legislación con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales en la industria.
Aseguró el secretario ejecutivo de la JCJ, que Panamá cuenta con una moderna legislación que se ubica a la vanguardia con respecto a Latinoamérica. "Solamente pudiéramos ser superados por la tecnología y por los recursos con que cuenta Las Vegas y el Estado de Atlanta y no por la reglamentación".
A pesar que Panamá lógicamente mantiene una limitación de recursos para auditar y cumplir con el rol de reguladores, cuenta con una industria que crece sustancialmente.
Los juegos de azar se pueden encontrar clasificados por la JCJ en las salas de máquinas traga-monedas, casinos completos, agencias de apuestas deportivas (se apuestan a juegos deportivos internacionales) y el hipódromo. Esta última actividad ha pasado en los últimos años por difíciles momentos, por lo que el Estado desde 1999 cedió sus derechos como socio, al Fondo de Premios del hipódromo. Su objetivo fue el incentivar a la actividad hípica mediante premios atractivos para los apostadores.
Con esta medida adoptada para contrarrestar la crisis que padeció el hipódromo, se aspira desde hace tres años a lograr un punto de equilibrio y que vuelva a ser un ente productivo del país.
El Estado autoriza también, bajo reglamentaciones especiales las rifas, promociones, tómbolas y clubes de mercancías. Respecto a esto, Young-Rodríguez mencionó que en 1999 se aprobó una resolución que le exige a los establecimientos que ofrecen club de mercancías una fianza de seguros por un monto mínimo del contrato entre agentes económico y clientes (25%).
Existe una reglamentación especial en donde el producto total de las rifas, promociones y tómbolas que se autoricen por parte de la JCJ se destina a labores de beneficencias. El Estado recibe por cada una de estas actividades el 10% del total de los premios, lo que posteriormente transfiere a la Cruz Blanca Panameña, Centro de resocialización Chapala y el IPHE.
Este dinero que en sus peores momentos ronda los 35 mil dólares es acumulado por tres meses por la JCJ, que luego mediante un cheque del ministerio de Economía y Finanzas es aportado a cada una de las tres instituciones del Estado.
Sin embargo, el producto de las recaudaciones por parte de los juegos de suerte y azar en general (casinos, traga-monedas y agencias de apuestas deportivas) entran al gobierno central para apoyar el presupuesto del Estado.
Como reguladores la JCJ obliga a las empresas a que se adecuen a las normas legales, ya que una vez se detecte la realización de tómbolas, promociones y rifas sin permiso se impone una multa que va desde mil hasta los 50 mil dólares.
Salas de máquinas: Sólo se tienen máquinas y se pueden ubicar en cualquier local comercial
Casinos: Cuentas con mesas y máquinas, y sólo pueden estar en hoteles.
