Transparencia o cárcel: empresas y auditores

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dictó estrictas reglas con las que compromete, sin marcha atrás, a compañías auditoras y directivos de empresas para garantizar la transparencia financiera.
Y es que, después de los escándalos financieros en Estados Unidos y los registrados - en menor escala- en Panamá, la regulación de valores no ha dejado espacio para que en el evento que se maquillen Estados Financieros, se sancione a los responsables.
Esto se logró, según el comisionado, Elis Cano, después de 15 meses de trabajo y un largo proceso de consulta pública, logrando así, modificar las normas aplicables y el contenido de los estados financieros y demás información que le presenten los emisores registrados.
Los cambios dispuestos en el acuerdo 7-2002 de 14 de octubre de 2002, establecen entre otras cosas, la presentación de una declaración jurada otorgada ante Notario Público, la cual deberá estar firmada conjuntamente por el presidente, tesorero, gerente general y el director financiero o el contralor de la empresa o persona sujeta a reporte, certificando que los estados financieros no contienen declaraciones falsas sobre hechos de importancia.
Cano precisó que esto obliga a los directivos de la empresa a involucrarse y ser responsables de lo que pase en la empresa.
Los firmantes serán responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la empresa, presentando en sus documentos financieros la efectividad de sus controles dentro de los 90 días previos a la emisión de los documentos.
También tendrán que asegurar que harán público a sus auditores todos las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de la persona registrada o sujeta a reporte para registrar, procesar y reportar información financiera.
El acuerdo 7-2002 de la CNV ha permitido utilizar como fuente de inspiración y guía, con su necesaria adecuación a las realidades locales, las novedades legislativas norteamericanas, concretamente la Ley Sarbanes Oxley.
Entre sus otras novedades destaca una carta de representación, estados financieros auditados, estados financieros interinos, estados financieros consolidados, estados financieros combinados. En la explicación sobre la carta de representación se establece con claridad que la existencia y contenido de la carta de representación no releva, ni limita la responsabilidad civil, penal ni administrativa del auditor del fiel cumplimiento de las normas de auditoria aplicables.
En materia de consolidación y homogeneidad financiera, los estados financieros anuales de todas las sociedades que consoliden deberán ser auditados por un solo contador público autorizado o firma de contadores públicos autorizados.
En cuanto a las partes relacionadas, todas las personas registradas o sujetas a reporte ante la CNV deben informar sobre sus relaciones con partes relacionadas, independientemente que hayan realizado o no transacciones con aquellas.
Los estados financieros anuales de las personas registradas deberán incluir una opinión expresada por el contador público autorizado independiente que llevó a cabo la auditoria de los mismos.
El nuevo acuerdo aclara que, en casos en que la opinión contenga salvedades, el auditor deberá explicar el efecto de dichas salvedades con relación al trabajo de auditoria efectuado.
Las empresas registradas o sujetas a reporte deberán acordar con sus auditores externos, la rotación obligatoria cada 3 años de su equipo de auditores, incluyendo gerentes y socios.
El acuerdo en sus consideraciones plantea que la su filosofía es sencilla de la nueva reglamentación es crear las mejores condiciones posibles para generar la confianza necesaria en el público inversionista de que los estados financieros de los emisores y de las personas sujetas a reporte no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia.
Que no se omita información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley 1 de 1999 y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas.