En América Latina los cambios sufridos por los sistemas tributarios no han sido armónicos y estables sino, por el contrario, han sido "desequilibrados" y "recurrentes".
Lo anterior lo afirma el estudio "La tributación directa en América Latina y los desafíos a la imposición sobre la renta", de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Desequilibrados.
El organismo económico argumenta que los cambios han sido "desequilibrados", porque no han logrado el adecuado balance de la distribución de la carga entre los distintos estratos socioeconómicos como para adquirir un cierto grado de consenso social en torno a ella.
Tampoco, agrega, han podido establecer patrones definitivos de participación de los distintos niveles de Gobierno en la conformación de la presión tributaria en aquellos países donde existen potestades tributarias concurrentes.
Recurrentes.
Al respecto, aduce que los procesos de reforma tanto de la estructura como de su administración no lograron el objetivo básico de recaudar lo suficiente como para satisfacer la demanda de gastos públicos y asimismo alcanzar la sostenibilidad fiscal.
Se observa también que en casi todos los países de la región latinoamericana es común encontrar grandes interrogantes en las direcciones que deberían tener los futuros avances.
Ejemplo de ello, siempre según la CEPAL, son las continuas reformas que consideran que debe ponerse el peso en la tributación sobre los consumos a fin de no afectar los estímulos al ahorro y la formación de capital, mientras que, por otra parte, existen fuerzas que procuran poner mayor peso en la imposición directa, y fortalecer la imposición a la renta de las personas gravando no sólo a la renta de los asalariados sino también a los sectores más dinámicos de la economía como el sector financiero o exportador.
Observando la situación de cada uno de los países de la región, se indica que Brasil es el único que recauda impuestos directos por un valor (medido en porcentaje del PIB) cercano al de Japón, pero apenas por el equivalente a los dos tercios del promedio de países de la OECD.
En el otro extremo, y más representativo de la región, cerca de la mitad de los países recauda menos de 5% del PIB en concepto de impuestos directos.
De igual manera, son dos países con menor presión tributaria total los que tienen una participación de los directos mayor al 40%: Colombia y México.
En cambio, Brasil participa junto con Chile, Argentina y Panamá de los países en donde los impuestos directos representan entre el 30 y 40% del total.
La mayor parte de los países cobra de estos tributos entre el 20% y 30% del total, mientras que sólo dos recaudan menos del 20%, Paraguay y Uruguay.
La presión tributaria
Resulta difícil entender la relación entre presión tributaria y resultado fiscal si no se contempla que muchos de los países de la región tienen fuentes de financiamiento no tributarias que son de suma importancia. Bolivia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Venezuela son claros ejemplos de situaciones en donde los recursos de fuentes no tributarias son de tal importancia que han relevado a sus gobiernos de la necesidad de afianzar la recaudación tributaria.
Se trata, en algunos casos, de ingresos provenientes de la explotación de hidrocarburos y minería que se encuentran en buena medida en manos del sector público, y en otros de la explotación de recursos renovables como la explotación del Canal de Panamá o de recursos hidroeléctricos (Paraguay).
El crecimiento observado en la presión tributaria promedio, sostiene la CEPAL en su estudio, es el resultado de un comportamiento similar (aunque con alternativas diversas) en casi todos los países de la región entre 1990 y 2005.
Sólo dos casos, México y Panamá (países que cuentan con otras fuentes de financiamiento), muestran una caída en el nivel de presión durante esos años.
De todos modos, advierte, pese a esos incrementos, sólo tres países (Brasil, Argentina y Uruguay) alcanzan a superar claramente el 20% del Producto Interno Bruto (PIB), nivel que habían logrado ya en 1990 Brasil y Uruguay.
Este panorama conlleva la necesidad de procurar el fortalecimiento del entorno institucional y de la capacidad de gestión del Estado ya que reformar las normas tributarias, de por sí, no garantiza el logro de los objetivos perseguidos si al mismo tiempo no se superan las limitaciones administrativas y judiciales.
