La UE lanzó ayer su más seria advertencia, aun a riesgo de desatar la mayor guerra comercial transatlántica, de que no tolerará que Estados Unidos continúe subvencionando "ilegalmente" las exportaciones de sus grandes empresas.
Como había anunciado, la Comisión Europea pidió en Ginebra autorización a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para imponer sanciones a Estados Unidos por un máximo de 4, 043 millones de dólares anuales, en compensación por los perjuicios que a su juicio le ocasiona la legislación estadounidense sobre las FSC (corporaciones de ventas en el exterior).
Un portavoz comunitario no dudó en calificar el contencioso como "el más importante" en términos económicos, mucho más que las "guerras" del banano o de las hormonas que han enfrentado desde hace años a europeos y estadounidenses.
El comisario europeo de Comercio, Pascal Lamy, puntualizó, no obstante, a través de un comunicado, que Bruselas ha dado este paso sobre todo para "proteger nuestros derechos".
De no haber presentado hoy la demanda, la UE habría perdido, según las normas de la OMC, la oportunidad de reclamar compensaciones por el mantenimiento de un sistema que Ginebra ya declaró ilegal.
En realidad, la acción de los europeos obedece a un enfoque más prudente de lo que parece.
En lugar de aplicar las sanciones unilateralmente y de manera inmediata, la Comisión ha pedido, primero autorización, y segundo ha solicitado a la OMC la constitución de un panel que estudie si la nueva legislación sobre las FSC adoptada por Estados Unidos esta misma semana es compatible con las reglas del comercio mundial.
Las eventuales sanciones no se aplicarían hasta que el panel de expertos declarara nuevamente ilegal el régimen reformado, lo que no ocurrirá antes de la primavera.
Bruselas da muestras de condescendencia en este grave caso, porque quiere "dar ejemplo" y no por debilidad, aseguró el portavoz de Lamy.
El órgano de apelación de la OMC ya dio la razón a los europeos el pasado 24 de febrero al considerar que las FSC encubrían, en realidad, un sistema ilegal de subsidios a las exportaciones de toda clase de productos, desde los industriales hasta los agrícolas, y pidió su reforma antes del 1 de octubre.
La UE concedió una prórroga a Estados Unidos de un mes (hasta el 1 de noviembre) para que tuviesen más tiempo en la reforma de la ley.
El presidente Bill Clinton firmó el pasado jueves, la nueva legislación, pero los europeos consideran que "no sólo mantiene las violaciones señaladas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), sino que las agrava".
La Unión Europea está segura de que la nueva legislación "continúa concediendo significativos subsidios ilegales a la exportación a más de la mitad de las exportaciones totales estadounidenses, en detrimento de las compañías europeas" y mantiene este sistema hasta "al menos finales del año 2002".
Para cumplir con los trámites de la demanda, la UE también entregó hoy en Ginebra una lista indicativa de productos a los que se les impondría penalizaciones arancelarias.
La lista contiene una amplia gama de productos que va desde el ganado hasta los reactores nucleares, pasando por productos químicos y farmacéuticos, aunque no cita productos concretos sino categorías "potenciales".
Estados Unidos mantiene desde 1985 el sistema de las FSC que se basa en la exención fiscal de que disfrutan los ingresos de fuentes extranjeras no vinculadas a actividades en los Estados Unidos y que permite a sus empresas ahorrarse entre el 15 y el 30 por ciento de los impuestos si exportan a través de estas corporaciones.
Las Corporaciones de Ventas Extranjeras están generalmente situadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes o Barbados y Guam, lugares a través de las cuales las exportaciones estadounidenses circulan "virtualmente".
Estados Unidos decidió instaurar el sistema de las Corporaciones de Ventas en el Extranjero en 1985 después de que el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros (GATT) condenara en 1981 su antiguo sistema de subsidios a la exportación (DISC).
Aunque la Unión Europea consideró desde un principio ilegal el sistema no lo denunció hasta 1998 ante la OMC, que dio la razón a los europeos en febrero de este año.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
