La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha elaborado un estudio que analiza la gobernabilidad en nuestros países. El estudio se basa en el concepto fundamental de que existe una relación estrecha entre gobernabilidad, competitividad e integración social.
Lo esencial consiste en que estos factores no pueden ni deben funcionar aisladamente sino que deben reforzarse entre sí. Por ejemplo, lograr un nivel óptimo de gobernabilidad sólo será posible si se genera un crecimiento económico basado en una competitividad auténtica, que se sustenta en un sólido consenso de los actores sociales.
De igual forma, la competitividad y la integración social serán sólidas en la medida que estas están asociadas a políticas eficaces, coherentes y legítimas de gobierno, y al crecimiento sostenido de la economía.
La CEPAL sostiene que la aplicación de los elementos que conforman este “triangulo del desarrollo” permite activar los motores internos de crecimiento en los países y sus economías.
Dicho en forma simple, el crecimiento por si solo sería insuficiente si no se inserta en un marco institucional que imprima sentido a las transformaciones y políticas en curso, reforzando los derechos y obligaciones que garantizan la continuidad del proceso.
En tal sentido, el marco institucional abarca un conjunto de normas en materia de competitividad, gobernabilidad e integración social, mientras que los patrones de continuidad del marco institucional confieren sustentabilidad institucional que garantiza que las inversiones o acciones políticas y sociales tendrán continuidad.
El otro aspecto se refiere al establecimiento de un marco institucional legítimo que busque reducir las incertidumbres producidas por comportamientos inconsistentes en la sociedad.
El último componente por su parte guarda relación con el establecimiento de patrones culturales e institucionales para el procesamiento de conflictos entre los distintos actores y grupos sociales.
La CEPAL señala que este marco institucional es de naturaleza dinámica por lo que debe ir cambiando y adecuándose a las características internas o externas del desarrollo, es decir, abarcando una serie de factores de productividad y de gobernabilidad que faciliten la sostenibilidad institucional del triángulo.
En Panamá se han hecho esfuerzos por mejorar la gobernabilidad. En años recientes se logró una convergencia de interés y actores a través de la Concertación Nacional, donde se establecían objetivos y una estrategia nacional de desarrollo que incluía a toda la población.
Los ejemplo que ofrecen paises de otras latitudes en tema de gobernabilidad y competitividad resultan interesantes. Los países desarrollados en general han logrado que los cambios de gobierno no alteren aspectos fundamentales de su institucionalidad y políticas económicas lo cual evidentemente resulta consistente con un desempeño competitivo de sus economías.
Para ello hay que lograr que la gobernabilidad sea eficaz y cree convergencia de objetivos estratégicos e instrumentos que permitan gradual y consistentemente la inclusión de toda la población en la producción nacional y en sus beneficios. Al lograr dicha convergencia es posible que funcione de manera estable y eficiente el sistema democrático de gobierno y la economía de mercado.
Visto así, la gobernabilidad se basa en la capacidad de un gobierno democrático de mantener la paz, el orden, la seguridad, la libertad, los derechos humanos y la participación ciudadana en la orientación de las acciones públicas. También involucra la capacidad de negociar y dirimir las diferencias que surjan entre personas, grupos, sectores y regiones en sus demandas y objetivos.
Una definición por consiguiente de buen gobierno consiste en que éste sea capaz de promover de manera oportuna los cambios que sean necesarios a efectos de aumentar el bienestar social y económico y hacerlo dentro del menor antagonismo posible
