Inspectores de la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciaron ayer un nuevo examen de las cuentas griegas para vigilar el cumplimiento de las medidas que saneen su endeudada economía.
Del resultado de la supervisión se condicionará el desembolso en septiembre de los $11,494 millones que forman el sexto plazo del primer plan de rescate a Grecia por valor de $158,042 millones.
En esta primera semana de estancia en Atenas los inspectores se reunirán con responsables de varios ministerios y sectores, hasta el inicio formal de sus exámenes el 29 de agosto.
Al escrutinio de los expertos estará el progreso de Atenas en la reducción del déficit, la marcha de los procesos de privatización, la reestructuración del sistema bancario y financiero, los recortes y fusiones de entidades públicas, y las reformas vinculadas con la administración y el Estado.
Los inspectores se encontraran con el dato negativo de que la contracción de la economía griega superará el 4.5%, por encima del pronosticado 3.8%, debido al empeoramiento de la situación económica internacional y el efecto de las medidas de austeridad, según el ministro de Economía, Evangelos Venizelos.
Venizelos defenderá que las estimaciones de reducir el déficit hasta el 7.6% era muy optimista y que con semejante caída del PIB sólo se conseguirá llegar al 8.5% desde el 9.5% en el que terminó en 2010.
La prensa afirma que el Gobierno utilizará el argumento de la delicada situación de la económica para convencer a los expertos de que se reduzca el ritmo de aplicación de las medidas de austeridad, sobretodo de las fiscales que están ahogando el consumo y afectando a la recaudación.
