Los ministros de economía de 21 países Iberoamericanos deliberarán en Panamá a partir del jueves 7 sobre la creación de instrumentos que sirvan de base para fiscalizar la efectividad del gasto público, dirigido a la inversión social, para así destinar mayores recursos a los sectores marginados, sin ocasionar un déficit fiscal.
Sobre este punto, el Ministro de Economía y Finanzas de Panamá Norberto Delgado, enfatizó que los países iberoamericanos carecen de una política, que les permita monitorear el gasto público y si las inversiones en los sectores de salud, educación y vivienda, logran el retorno esperado en beneficio de la sociedad.
Ante esta problemática, los gobiernos iberoamericanos, firmarán una declaración, en la III Reunión de Ministros de Economía, a desarrollarse durante los próximos días en Panamá, a través del cual se proyecta establecer los mecanismos necesarios para supervisar la efectividad del gasto público.
En este evento se proyecta compartir las experiencias de la inversión pública, en medio de desequilibrios fiscales que demandan soluciones urgentes en los sectores sociales.
Delgado aclaró que en la mayoría de los casos, hay una contradicción en la manera de cómo focalizar los recursos del Estado, ya que se exigen más aportes para ejecutar más proyectos, y a la vez se solicita reducir los gastos para evitar un déficit.
"Se tiene que verificar que cada dólar que se invierte, está surtiendo el efecto buscado en la sociedad" dijo Delgado, citando el caso específico de un sistema de acueducto que fue instalado en una comunidad cercana al río Turia en Darién, por un monto de 400,000 dólares y que hasta el momento no funciona.
"Esos son los detalles que el Estado debe fiscalizar, porque un proyecto no es bueno si únicamente se ejecuta, ya después de realizarse debe lograr el efecto esperado", agregó Delgado.
El titular enfatizó que en Panamá el 48.1% del presupuesto de inversión se destina al sector social.Sin embargo, hay que verificar si efectivamente estos recursos están llegando a estos lugares con la intensidad que se dirigen.
El próximo año a Panamá le tocará servir al pago de la deuda pública más de 1,2000 millones de dólares. De este monto, más de 600 millones se deben pagar por concepto de intereses por los préstamos, lo que demanda que el gasto social debe ser bien invertido.