La venta de certificados o bonos de emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) es un negocio rentable para las empresas en Panamá, ya que no existe una ley que las obligue a retribuir un porcentaje de la transacción a las comunidades donde desarrollan sus proyectos, como se realiza en otros países.
Hasta el momento, Panamá ha canjeado aproximadamente $20 millones, producto del proyecto de Reserva Forestal de la Hidroeléctrica Fortuna con Holanda y por el Parque Nacional de Chagres con la Agencia Interamericana de Desarrollo, informó Javier Arias, administrador general de ANAM.
Por otra parte, existen unas 118 empresas que se encuentran realizando trámites para participar en este mercado, de las cuales la mayoría son hidroeléctricas.
Leyes.
Durante el Gobierno de Martín Torrijos se presentó un proyecto de ley para el pago por servicios ambientales que no fue aprobado por la Asamblea de Diputados.
El proyecto de ley contemplaba un desembolso del 30% del monto producto del canje por CO2 que sería destinado para mejoras en las comunidades donde se desarrollan los proyectos.
“El 30% no prosperó y ahora no hay nada que obligue a los tenedores de certificados a que paguen al Estado”, manifestó Enrique Vargas, del programa Conjunto de Cambio Climático de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).
Cada tonelada de CO2 que las empresas dejen de producir tiene un precio de entre 6 y 21 dólares, el cual es pagado por países europeos.
Raisa Banfield, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, señaló que hay mucha especulación sobre la participación de Panamá, pero todavía el mercado no está consolidado.
“La tendencia va hacia el CO2, antes el mercado era liderado por la bolsa de valores y el petróleo”, afirmó.
Sin embargo, Banfield recalcó que se debe tener mucho cuidado con las empresas que califican para producción más limpia, ya que por obtener más créditos talan bosques, lo que ocasiona daños socioambientales, como en el caso de las mineras e hidroeléctricas.
“Hay mucha tela que tejer todavía, el camino es positivo, pero aún no está claro”, aseguró.
Por su parte , Laslo Pancel, representante para Centroamérica del Programa de Cooperación Técnica REDD CARD (GTZ), aplaudió el que Panamá tenga iniciativa en el negocio de bonos de carbono, lo que podría ser una referencia para los países de la región.
“Estamos muy bien posicionados en la región, incluso tenemos los mejores ejemplos, los cuales ya se están imitando en otros países”, afirmó Arias.
Añadió que aún falta legalizar los créditos de carbono para reglamentar el sistema.
