La legislación que proyecta aprobar Panamá, para endurecer las penas contra el lavado de dinero, se tiene que hacer con calma, en consenso y sin presiones, porque de lo contrario, el país aprobará normas que no cumplirá y seguirá en la lista negra de los países que no colaboran contra esta práctica ilícita, enfatizó la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero, Victoria Figge.
Durante una exposición ante la Asociación Panameña de Ejecutivos del Empresa (APEDE), Figge, indicó que, según una fuente de entero crédito, la clasificación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), le dio Panamá como país no colaborador contra el lavado de dinero, no cambiará si no se aprueban al 25 de septiembre las modificaciones en la legislación panameña, lo que denota presión de alguno de sus miembros.
A su juicio, la evaluación del GAFI, " es injusta" porque se generalizó a Panamá con otras naciones, que no poseen una legislación que se asemeje a la eficiencia que muestra el país.
" Panamá está comprometida en la lucha contra el lavado de dinero, porque ha sido muy eficiente, sobre todo en el área de prevención", dijo Figge.
Además, sostuvo que económicamente el país se afecta con la clasificación de paraíso fiscal que le otorgó la Organización Europea para la Cooperación y Desarrollo (OECD), por tener esencialmente una economía de servicio.
Pero lo que pretenden los países que forman parte de este organismo, es que Panamá cuente con un sistema tributario similar al que se practica en Europa, para identificar a las personas que invierten en Panamá.
Al tener la imagen de paraíso fiscal, sin duda se afectará la consecución de inversiones en el país dijo Figge.
Señaló que los usuarios de otros mercados invierten en Panamá porque sus sistemas tributarios son muy exigentes, entonces habrá que analizar si el sistema que se tiene que modificar es realmente el panameño.
La semana pasada fue aprobado en Consejo de Gabinete el anteproyecto de ley que sanciona las actividades relacionadas con el lavado de dinero, en el cual se incluye la tipificación de delitos como secuestro extorsión, tráfico de armas y personas y el terrorismo.
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