La Comisión de Relaciones Internacionales del Legislativo de Ecuador denunció hoy que militares estadounidenses abordaron un barco nacional, en busca de droga, "sin contar con la autorización y permiso" pertinentes.
La Comisión Legislativa señaló, en su página de internet, que su presidente, Marcos Martínez, declaró a periodistas que el pesquero ecuatoriano "Volga" fue interceptado en aguas ecuatorianas por el buque estadounidense número 56 sin que este último pidiera permiso a las autoridades locales.
Ante lo que denominó un "nuevo atropello" a barcos nacionales, Martínez anunció que la Comisión que preside pidió la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores para que "se reparen los daños causados, más aún cuando el barco resultó seriamente destruido y no se encontró ningún tipo de droga".
La denuncia, que presentaron los afectados a la comisión, detalla que el 13 de junio pasado un helicóptero de la Armada de los Estados Unidos sobrevoló la nave, que se encontraba realizando faenas de pesca.
Después del reconocimiento, "apareció el buque de guerra 56, que procedió a un interrogatorio (a los tripulantes), luego de lo cual se retiró".
No obstante, más tarde el buque regresó y, "sin ninguna explicación, habría abordado el barco pesquero y sometido a la tripulación con armas de fuego e intimidación a base de insultos e injurias".
Según la comisión, al no encontrar ninguna muestra de droga los militares estadounidenses habrían amenazado a los pescadores, conminándolos a no realizar ninguna denuncia.
La comisión detalló que Martínez formuló públicamente una protesta ante el Gobierno y la Embajada de EE.UU. en Quito por "este atropello del que han sido víctimas los pescadores ecuatorianos", lo que constituye una violación a los derechos humanos.
Asimismo, sostuvo que las autoridades de Ecuador no recibieron ningún documento por el que las tropas estadounidenses se responsabilicen de los daños, protocolo, que de acuerdo con Martínez, se realiza cuando sucede un caso similar.
De otra parte, Martínez indicó que la próxima semana su comisión prevé presentar un borrador sobre las investigaciones realizadas en torno al convenio que Ecuador firmó con EE.UU. para establecer el Puesto Operativo de Avanzada (FOL) en Manta.
El convenio por el que se creó esa base estadounidense, desde la que se han centralizado operaciones de lucha contra el narcotráfico, finaliza el noviembre próximo, después de que el Gobierno del presidente de Ecuador, Rafael Correa, decidiera no renovar el acuerdo.
Las autoridades de la Embajada estadounidense en Quito adelantaron que a mediados de septiembre harán entrega de las instalaciones de la base a Ecuador lo que, para el Gobierno ecuatoriano, supone la recuperación de la soberanía de un territorio que fue entregado a EE.UU. en 1999.
