El Gobierno de Ecuador anunció hoy que no ejecutará la denuncia o terminación de los tratados bilaterales de inversiones con varios países, hasta aprobar un "Código de la Producción".
La ministra coordinadora de la Producción, Empleo y Productividad de Ecuador, Nathalie Cely, aclaró mediante un comunicado que su país no ejecutará la denuncia de los tratados, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, y que ellos se mantendrán en vigor, incluso después de que se aplique la denuncia o terminación de dichos convenios.
Ecuador ha suscrito tratados bilaterales de protección de inversiones con Canadá, China, Brasil, Finlandia, Chile, Suiza, Holanda, Argentina, España, Francia, Perú, Suecia, Venezuela, Alemania, Estados Unidos, Paraguay, El Salvador, Rumanía y Bolivia, según la Federación ecuatoriana de Cámaras de Comercio.
Cely aclaró que la decisión del Legislativo pretende reordenar el marco general de inversiones y obedece a los postulados de la nueva Constitución del país, aprobada en plebiscito en septiembre de 2008.
La Carta Magna prohíbe celebrar tratados en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial entre el Gobierno y personas naturales o jurídicas privadas.
La Corte Constitucional ecuatoriana también coincidió con la denuncia de los tratados, porque la Carta Magna no acepta sistemas de arbitraje extra regionales, que se encontraban previstos en dichos convenios.
Cely explicó que se prepara el Código de la Producción, que congregará un conjunto de normas que definan el concepto de inversión.
Ese código, adelantó la ministra, ratifica "el respeto a la inversión y a la propiedad, permite y motiva la suscripción de contratos de inversión entre el inversionista y el Estado, prevé incentivos y contempla la resolución alternativa de diferendos en foros regionales".
Además, ese código "se constituirá, una vez aprobado, en un nuevo marco regulatorio para la inversión extranjera", subrayó Cely.
Sin embargo, remarcó que los tratados bilaterales de inversión denunciados mantendrán su vigencia, incluso después de que se haga efectiva la anulación, ya que estarán protegidos por hasta diez años.
Cely reiteró que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, decidió que, de momento, "no se ejecutará la decisión de la Asamblea" de denunciar los tratados, "hasta que se apruebe el Código de la Producción".
Ello, dijo la ministra, muestra que "no existe, en absoluto, ningún periodo de incertidumbre" y que "la seguridad jurídica de las inversiones está garantizada".
En abril pasado, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Ecuador solicitó a la Corte Constitucional que frene los procesos de denuncia de tratados de protección recíproca, por considerar que afectaba a la seguridad jurídica en el país.
El presidente de dicha federación, Blasco Peñaherrera Solah, dijo entonces que los tratados de inversiones eran un "elemento indispensable para el fomento de la inversión nacional e internacional y la consecuente generación de empleo y bienestar colectivo".
