El Gobierno de Ecuador expresó hoy su satisfacción por la decisión de un tribunal arbitral constituido bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que se declaró no competente para tramitar una demanda de la petrolera estadounidense Murphy.
La Procuraduría (Defensa legal) del Estado ecuatoriano calificó este hecho como "muy importante", porque acoge los alegatos presentados por el país en la demanda de la petrolera por la aplicación de una ley, en 2006, que cambiaba el reparto de beneficios extraordinarios obtenidos por las petroleras privadas.
Se trata de la denominada "Ley 0-42", mediante la cual el Estado exigía la mitad de los ingresos extraordinarios obtenidos por las petroleras privadas debido al aumento del precio del crudo en los mercados internacionales.
Esa norma no modificaba la participación de las ganancias habituales de las compañías establecidas en los contratos y sólo afectaba al incremento de utilidades obtenidas de forma extraordinaria por la venta del crudo ecuatoriano que, hasta antes de aplicar la medida, sólo beneficiaba a las petroleras.
El 3 de marzo de 2008, Murphy presentó una solicitud de arbitraje ante el CIADI, a causa de la "Ley 0-42", por considerar que esa norma incumplía el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos.
La compañía estadounidense reclamaba a Ecuador 185 millones de dólares como indemnización por la aplicación de la normativa interna, mientras que Ecuador alegaba que la ley se ajustaba a la legislación nacional y no incidía en el capítulo de las inversiones.
Además, Ecuador argumentó la falta de jurisdicción del CIADI para conocer el reclamo de Murphy y resaltó la legitimidad de la norma interna sobre la participación del Estado en el excedente de ingreso obtenido por las compañías debido a la subida de los precios de venta de crudo no prevista en los contratos.
Este "es un triunfo importante para el país" ya que deja en evidencia la legitimidad de la "Ley 0-42", que no ha sido cuestionada, aseveró el procurador General del Estado en funciones, Rafael Parreño.
El funcionario dijo que La Procuraduría del Estado "continuará presentando sus argumentos en los arbitrajes restantes" con relación a la legitimad de la Ley 0-42.
Además de Murphy, Ecuador fue demandado ante el CIADI, por la misma causa, por las estadounidenses Burlington y City Oriente, y la francesa Perenco.
Ecuador, el mes pasado, concluyó una renegociación de los antiguos contratos de participación en la renta petrolera, los que transformó en convenios de prestación de servicios y que empezarán a regir desde el próximo 1 de enero.
Ese proceso concluyó con la retirada del país de la petrolera brasileña Petrobras y otras compañías de menor representación en Ecuador, que no lograron alcanzar acuerdos con el Estado.
El petróleo es el principal producto de exportación del país, que extrae unos 500.000 barriles diarios de crudo y cuya venta financia alrededor del 25% del presupuesto del Estado.
