El vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, destacó hoy la libertad de movilidad universal, así como los efectos de la deuda externa al conmemorar el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El "número dos" del Gobierno ratificó el compromiso del Gobierno de defender los Derechos Humanos y exhortó a todos los países del mundo a conmemorar la fecha con "verdaderos actos de justicia, equidad y procedimientos acordes al buen vivir".
Moreno, que ejerce momentáneamente la Presidencia ante la ausencia del jefe de Estado, Rafael Correa, de viaje en el exterior, resaltó que Ecuador, al no exigir visado para ingresar en su territorio, es uno de los pocos países que cumple con el artículo 13 de la Declaratoria de los derechos humanos.
Ese artículo, recordó, señala que "toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado".
Por ello, ratificó que para Ecuador no existen seres humanos ilegales.
"Para nosotros ilegales, ilegítimas y atentatorias son las normas que no reconocen que los humanos al nacer en cualquier sitio ya tenemos permiso universal para recorrer todo el mundo", expresó.
Por otra parte, declaró que, con la nueva Constitución, que entró en vigor este año tras ser ratificada en referendo en septiembre último, los ecuatorianos han decretado el derecho "a vivir de otra manera y (a tener) la oportunidad de entender de forma consciente y colectiva el mundo".
En este contexto, resaltó como hoy Ecuador plantea criterios y análisis distintos "frente a una deuda externa que nos pesa como un crimen que no hemos cometido".
El pasado 4 de diciembre, la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, sostuvo que Ecuador está dispuesto a caer en "default (mora) con responsabilidad" en ciertos tramos de la deuda externa, y apuntó que buscarán mecanismos para no pagar la que consideran "ilegal e ilegítima".
Dos semanas antes, el Gobierno de Ecuador hizo públicas las conclusiones de un informe, elaborado por una Comisión de Auditoría del Crédito Público (CAIC), en el que se mencionan presuntos indicios de "ilegalidades" en los contratos de tramos deuda de los últimos 30 años.
Ante esto, Correa anunció que su Gobierno investigará los indicios y buscará los mecanismos para no pagar esos tramos que el informe de la CAIC considera ilegales.
