El Gobierno de Ecuador anunció hoy que emprenderá desde enero próximo una recompra de bonos de su deuda exterior, con un descuento superior al 70 por ciento, en subastas públicas "a la inversa", en las que el precio base lo fijará el Estado.
Así lo explicó el ministro coordinador de Política Económica, Diego Borja, en una entrevista publicada por el diario El Universo, en la que precisó que la operación involucra un monto de 3.210 millones de dólares de deuda, correspondientes a los "bonos Global" que vencen en 2012 y 2030.
Borja explicó que la "subasta a la inversa" supone que, "en lugar de partir del precio del mercado y provocar una subida, el Gobierno fija un valor inicial de recompra que seguirá bajando, conforme los tenedores (poseedores de bonos) vayan vendiendo".
"Se plantea una recompra inicial con uno o dos puntos por encima de un valor que lo establecerá el Gobierno. La siguiente semana se recompra con dos puntos por debajo de precio inicial; la tercera (semana) con cuatro (puntos de descuento) y así" se seguirá negociando, explicó Borja.
El ministro señaló que esa operación se efectuará solo con los bonos Global 2012 y 2030, a los cuales Ecuador les considera "ilegítimos", por haber sido contratados en el pasado de forma irregular, según establece un estudio elaborado por el Gobierno.
Destacó el tipo de subasta planteada para la operación, pues dijo que Ecuador no tiene porqué atarse "al precio del mercado. Por primera vez el Gobierno hará uso de la potestad que tiene para fijar el precio de la recompra".
Con esta acción, Ecuador aspira a obtener un ahorro de, al menos, un 70 por ciento y eliminar unos papeles que le representan un gasto de unos 380 millones de dólares anuales.
Borja calificó a la operación de "pragmática", pues señaló que, si bien el Gobierno considera que los bonos Global 2012 y 2030 fueron contratados de forma ilegítima, hay poseedores de esos papeles que "no tiene la culpa" de las irregularidades cometidas.
El ministro ubicó la probabilidad de éxito de la operación como "alta", pues indicó que, "frente a un castigo tan fuerte (de, al menos, el 70 por ciento), los acreedores preferirán vender, en lugar de quedarse con papeles basura".
Borja añadió que, en el supuesto caso de que los poseedores de bonos se resistan a venderlos y, eventualmente demandar a Ecuador, el Estado también podría iniciar acciones legales contra esos pasivos.
