Activistas indígenas y medioambientales denunciaron la violación de sus derechos en Ecuador y otros sectores acusaron al Gobierno de tolerar "cada vez menos la disidencia", según el informe de 2008 de Amnistía Internacional (AI) divulgado hoy.
La organización no gubernamental, con sede en Londres, se refiere a un informe del relator especial de la ONU sobre poblaciones indígenas de agosto que expresó su preocupación por las denuncias de violaciones de derechos humanos en relación con los conflictos entre empresas petroleras multinacionales y comunidades nativas o locales.
En concreto, cita el caso de Esther Landetta Chica, quien recibió amenazas de muerte anónimas por expresar la preocupación social por las posibles consecuencias negativas de las actividades mineras irregulares en la provincia de Guayas.
AI también menciona la amnistía otorgada en marzo de 2008 a varios centenares de personas detenidas por manifestarse en favor del medio ambiente y contra algunas actividades petrolíferas durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno.
Sin embargo, la prefecta provincial Guadalupe Llori permaneció diez meses más en prisión por otro cargo por el que fue absuelta posteriormente.
La organización internacional señala en su informe anual que en 2008 aumentó la tensión entre el Gobierno y algunos sectores de los medios de comunicación.
AI hace referencia a la preocupación expresada por el despido de los directores de los informativos de dos empresas de televisión que fueron embargadas en julio por el Estado para hacer frente a deudas contraídas por varias empresas en un escándalo bancario.
También con respecto a la prensa, AI recuerda que un juez archivó el caso contra Francisco Vivanco Riofrío, redactor jefe del periódico La Hora, por "desacato" al presidente de Ecuador, Rafael Correa, tras haber publicado un editorial crítico con el Gobierno en 2007.
Amnistía Internacional señala, por otra parte, que la Policía ecuatoriana hizo en ocasiones uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, al detener a 23 ecuatorianos negros en Quito en abril porque les pareció que tenían una "actitud sospechosa".
La ONG menciona también que se denunciaron casos de detenciones arbitrarias y malos tratos en especial contra miembros de comunidades indígenas y minorías étnicas.
