La embajada de Estados Unido en Guatemala alertó hoy a sus ciudadanos por el incremento de la criminalidad en ese país, mientras que diversos sectores de la sociedad exigieron al Gobierno frenar la violencia que mantiene en vilo a la población.
"Guatemala sigue experimentando un significante aumento en el nivel de crímenes violentos, y se les recomienda a los ciudadanos americanos tomar las precauciones apropiadas", dice la alerta emitida por la legación diplomática.
La nota menciona dos denuncias que se recibieron en febrero pasado acerca de que dos autobuses con turistas estadounidenses fueron asaltados en distintos puntos de Guatemala.
Uno de los autobuses, proveniente de México, fue asaltado cuando se dirigía hacia Panajachel, en el oeste, y el otro en la ruta hacia El Salvador cuando viajaba a la ciudad colonial de Antigua Guatemala, anotó.
Los turistas, asegura la embajada, fueron despojados de todas sus pertenencias por los asaltantes.
Mientras, dirigentes de sectores empresariales y activistas humanitarios exigieron hoy al Gobierno del presidente Álvaro Colom, en declaraciones a la prensa, impulsar un plan integral de seguridad y poner fin a la violencia, que a diario se cobra la vida de unas 17 personas.
Varias colonias de la capital sufren hoy, por segundo día consecutivo, la falta de servicio del transporte colectivo de pasajeros por una huelga por los asesinatos de chóferes y ayudantes.
Al menos 30 chóferes y 12 ayudantes han sido asesinados durante lo que va de 2009 en Guatemala, según fuentes del sector transporte.
Según la dirigente de la Asociación de Familiares contra la Delincuencia y el Secuestro (Fades), Eleonora Muralles, las autoridades no han adoptado medidas radicales para frenar los asesinatos.
El presidente de la Cámara del Agro, Carlos Zúñiga, recomendó al Gobierno fortalecer con recursos a la Policía Nacional Civil (PNC) para combatir al crimen organizado.
La activista humanitaria Carmen Ibarra también aseguró en declaraciones a periodistas que Guatemala afronta "una crisis en materia de seguridad ciudadana".
Los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial han acordado firmar un Pacto Nacional de Seguridad con el que pretenden hacer frente a la ola de criminalidad en este país centroamericano.
El pacto, cuya fecha de firma no se ha fijado, contempla impulsar una serie de programas, entre ellos cambios estructurales en la PNC y la creación de un Ministerio de Seguridad.
