La violencia ejercida por las fuerzas de seguridad sigue siendo un problema acuciante en Brasil, aunque los derechos humanos son respetados en general por las autoridades federales, según el informe anual divulgado hoy por el Departamento de Estado.
El documento, entregado hoy al Congreso de Estados Unidos, denuncia que persisten "muertes ilegales, fuerza excesiva, palizas, abusos y torturas de detenidos y reclusos por parte de policías y fuerzas de seguridad de prisiones".
"El Gobierno o sus agentes no cometieron asesinatos motivados políticamente, pero las muertes ilegales cometidas por policías estatales (militares y civiles) fueron generalizadas", explica el documento.
El Departamento de Estado explica que "en muchos casos" los agentes de policía emplearon "fuerza letal de forma indiscriminada durante aprehensiones y mataron a civiles, a pesar de la ausencia de peligro para ellos".
Además, "en algunos casos" las muertes de civiles fueron precedidas de "grave persecución o tortura por parte de agentes", señala.
El Gobierno estadounidense también destaca que muchos asesinatos fueron perpetrados por escuadrones de la muerte vinculados con las fuerzas de seguridad, "en algunos casos con la participación policial".
El informe subraya que en los nueve primeros meses de 2008 la policía mató en Río de Janeiro a 911 personas en enfrentamientos, "un 12 por ciento menos que en el mismo periodo en 2007", según datos del Gobierno brasileño.
Esa cifra, no obstante, asciende a 1.260 asesinatos, la mayoría "en actos de resistencia", según un documento publicado en septiembre por las Naciones Unidas.
El reporte del Departamento de Estado también recoge la cifra de 1.940 personas desaparecidas en 2006 y la creencia del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de Brasil de que "muchos fueron asesinados por la policía".
Además, señala que no hay novedades en los casos de desaparecidos durante la dictadura militar (1964-85) y que la Comisión de Amnistía mantiene 400 casos por analizar.
El documento también hace alusión a las situaciones de tortura, infligida "por policías y funcionarios de prisiones", algo el Gobierno estadounidense calificó como "un grave y generalizado problema".
"Policías federales, estatales y militares a menudo disfrutaron de impunidad en casos de tortura, así como en los de abusos", señala el informe.
En cuanto a las condiciones de las prisiones, destaca que en todo el país a menudo fueron "de pobres a extremadamente duras y peligrosas".
"El abuso de funcionarios de prisiones, precarios cuidados médicos y grave hacinamiento se dieron en muchas instalaciones", denuncia.
Asimismo, el Departamento de Estado critica la falta de protección para testigos envueltos en casos criminales, la violencia y discriminación contra las mujeres e indígenas y el tráfico de personas.
El documento también resalta que "la violencia doméstica siguió siendo generalizada", con 24.523 casos registrados en todo el país en 2008, por los 20.050 de 2007, y que "millones de niños sufrieron la pobreza que afligió a sus familias, que trabajaron para sobrevivir y no pudieron recibir educación".
Por último, se hace mención a la situación de la prostitución infantil, en donde están envueltos alrededor de 250.000 menores, según la Policía Federal.
