El Gobierno de Estados Unidos solicitó a un juez que desestime una demanda para retener los fondos de ocho compañías de vuelos chárter a Cuba por considerar que afectaría los intereses de su política exterior hacia la isla caribeña, según un documento judicial divulgado hoy.
El Departamento de Justicia se pronunció sobre la acción judicial interpuesta por la cubanoamericana Ana Margarita Martínez para cobrar una indemnización de 27,1 millones de dólares que se le concedió en 2001 por los daños sufridos durante su matrimonio fraudulento con el agente cubano Juan Pablo Roque.
Los vuelos chárter, precisó esa agencia gubernamental, fueron autorizados por Estados Unidos para avanzar en los intereses de su política exterior que incluye el fortalecimiento de los vínculos entre los estadounidenses, de origen cubano, y sus familiares en Cuba, de acuerdo con el documento que obtuvo Efe.
De autorizarse los pagos mediante los fondos de las empresas se "lesionarían seriamente esos intereses", advirtió Tony West, asistente de la división civil de la Fiscalía General.
"Lo vuelos directos que suministran son vitales para mantener contactos que son de interés nacional", ratificó, por su parte, Ricardo Zúñiga, el director de la oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado.
Zúñiga advirtió que el retener los fondos podría causar el cese del servicio de los vuelos entre ambos países.
Las compañías que prestan el servicio son ABC Charters, Airline Brokers Company Inc, C&T Charters, Cuba Travel Services, Gulfstream Air Charter, Inc., Marazul Charters, Inc., Xael Charters y Wilson International Services, Inc.
Zúñiga recordó que en el año 2009 el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció la política de permitir a los cubanos las visitas familiares ilimitadas a sus familiares más cercanos.
Esas visitas, que facilitan un mayor contacto entre las familias separadas en EE.UU. y Cuba, fomentarán cambios positivos al disminuir la dependencia de los cubanos con Gobierno de La Habana, promoverán los valores democráticos y el acceso de los cubanos a la información, afirmó el funcionario.
Con ese objetivo se otorgaron licencias para los viajes directos entre EE.UU. y Cuba que se llevan a cabo a través del servicio de vuelos chárter de las compañías incluidas en la demanda.
En el documento, el Gobierno estadounidense aclaró que con su posición de ninguna manera "aprueba los actos del Gobierno cubano o de sus agentes" mencionados en la demanda de Martínez.
Un juez de Miami otorgó la indemnización a Martínez tras determinar que fue utilizada, bajo órdenes del Gobierno de La Habana, por su ex esposo, quien fingió ser un desertor de la Fuerza Aérea Cubana para cubrir sus actividades de espionaje en Florida (EE.UU.).
Martínez y el agente cubano Juan Pablo Roque se casaron después de que él dijo que había desertado, pero regresó a la isla caribeña el 23 de febrero de 1996, en la víspera del derribo por aviones "Migs" cubanos de dos avionetas de la organización "Hermanos al rescate" del exilio, en aguas internacionales.
En el incidente murieron cuatro de sus miembros, tres de ellos estadounidenses y Roque admitió en una entrevista de televisión que había sido enviado a Miami para infiltrarse en el exilio cubano, según la demanda presentada por el abogado de Martínez.
Roque fue acusado de integrar la "Red Avispa" de espías cubanos que se infiltraron en varias organizaciones anticastristas del sur de Florida y fue desmantelada en 1998.
