El Gobierno del presidente saliente de EE.UU., George W. Bush, renovó hoy una medida por la cual levanta las sanciones económicas contra algunos países latinoamericanos por adherirse a la Corte Penal Internacional (CPI) y no eximir de su jurisdicción a los estadounidenses en su territorio.
Su administración castigó a esas naciones durante algunos años con la prohibición de recibir "Fondos de Apoyo Económico" (ESF, por su sigla en inglés), que son ayudas estadounidenses a programas de desarrollo.
No obstante, tras numerosas críticas, Bush levantó las sanciones en 2006 y ha mantenido esa política desde entonces.
En un memorándum emitido cuatro días antes de abandonar la Casa Blanca, Bush ordenó que no sean penalizados diecisiete países, nueve de ellos de América Latina y el Caribe.
Esas naciones son miembros de la CPI y no han aceptado la demanda de Estados Unidos de firmar un acuerdo para comprometerse a no enviar a esa Corte a estadounidenses en su territorio acusados de delitos.
Los países afectados son Barbados, Bolivia, Costa Rica, Chipre, Ecuador, Kenia, Mali, México, Namibia, Níger, Paraguay, Perú, Samoa, Suráfrica, San Vicente y Granadinas, Tanzania y Trinidad y Tobago.
