El 25% de los presos en las cárceles de Costa Rica no tiene una condena en firme o está esperando la realización de un juicio, indican cifras oficiales divulgadas hoy por la prensa local.
Según un informe del Departamento de Planificación del Poder Judicial de marzo pasado y publicado por el diario La Nación, de los 10.248 presos en las cárceles de Costa Rica, unos 2.576 no han sido condenados, lo que preocupa a las autoridades judiciales del país.
"Tenemos (encarcelada) gente que puede ser que no deba estar presa", dijo el ministro de Justicia, Fernando Herrero, quien destacó que no solo se hace daño a esas personas y a la imagen del país, sino que además el sistema penitenciario debe invertir en su manutención.
De los 2.576 presos sin sentencia 476 están detenidos por robo agravado, 444 por tenencia y tráfico de drogas, 165 por homicidios, y el resto por otros delitos.
El presidente de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, reconoció a La Nación "con vergüenza" que "una persona no debe esperar tanto" para la realización de un juicio y luego para que su condena quede en firme.
Sin embargo, aseguró que es un asunto "cíclico" y que Costa Rica se ha caracterizado por "tener un bajo número de presos sin condena" que en "buenas épocas" ha sido menor al 20%.
También comparó el número con "muchos países de América Latina" donde la cifra llega al 80%.
Uno de los casos que refleja esta situación es el de Juan Carlos Ledezma, quien fue condenado a 20 años de cárcel como autor de un incendio en el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José, donde murieron 19 personas en julio de 2005.
Ledezma está detenido desde octubre de ese año, fue a juicio y fue condenado en junio de 2007, pero esta sentencia no está en firme, pues la Sala Tercera (Casación) no ha resuelto una apelación presentada por el abogado defensor.
El pasado 16 de agosto la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, anunció en su informe de los primeros cien días de Gobierno, que creará 3.000 espacios nuevos en las cárceles y fortalecerá los tribunales que realizan juicios rápidos a personas capturadas durante la comisión de un delito.
