El 30% de los trabajadores del sector privado en Costa Rica reciben menos del salario mínimo de ley, lo que la presidenta del país, Laura Chinchilla, calificó hoy como un "flagelo angustiante", al anunciar una iniciativa que busca garantizar salarios dignos.
La "Campaña Nacional de Salario Mínimo", presentada hoy por la mandataria y su ministra de Trabajo, Sandra Piszk, pretende duplicar las inspecciones a empresas privadas, habilitar una página web y un número telefónico con información y asesoría para los trabajadores.
"Este esfuerzo concentrará su atención inmediata, enérgica y eficiente, en resolver uno de los flagelos sociales más angustiantes que aquejan a la familia costarricense", declaró Chinchilla en un acto oficial.
Según datos de la Encuesta de Hogares 2009, el 30% de los trabajadores del sector privado, es decir unas 308.000 personas, reciben menos del salario mínimo y la mayoría son agricultores, empleadas domésticas, vendedores en tiendas y peones de construcción.
El 57,2% de quienes reciben menos del salario mínimo son personas menores de 35 años, el 59% no tienen completa la educación secundaria, mientras el 62,7% son hombres.
El salario legal más bajo en Costa Rica ronda los 12 dólares por jornada laboral, y es el que se le paga a un trabajador "no calificado", entre los que se encuentran los peones de construcción.
Chinchilla comentó que el incumplimiento del salario mínimo supone "una cifra demasiado elevada para asegurar una convivencia satisfactoria en nuestro país" y aseguró que si se respetara esa obligación se podría reducir la pobreza "de manera significativa".
La mandataria prometió que su Gobierno buscará la "plena aplicación" de sanciones para "asegurar un vigoroso cumplimiento de la legislación laboral" para que los "salarios garanticen una vida digna".
Por su parte, la ministra Piszk, aseguró que con la "Campaña Nacional de Salario Mínimo" se espera elevar de 8.600 a 15.000 las inspecciones laborales por año a empresas con la participación de 102 inspectores especializados y con la prioridad de garantizar el pago del salario mínimo.
También se creará una base de datos que permitirá dar un mejor seguimiento a las empresas inspeccionadas, así como una iniciativa que dará facilidades a empresas informales que decidan ingresar a la formalidad.
