Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (México), recibe hoy el premio del Centro Robert Kennedy para la justicia y los derechos humanos por su "coraje en la defensa de los derechos indígenas".
Su organización inició un peligroso viaje en 1992 para documentar los casos de abusos policiales y militares contra la población civil en esa zona donde viven los pueblos mixtecos, nahuatl, amusgos y tlapanecos.
El recorrido no ha sido fácil, la incomprensión por parte de las instituciones y las amenazas que se han sucedido desde casi el principio de sus actividades han dificultado el camino.
Sin embargo, desde las lejanas montañas de Guerrero, han conseguido hacerse oír ante la comunidad internacional y consiguieron llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández, dos mujeres indígenas que fueron violadas y torturadas por militares en 2002.
Las amenazas continúan pero Barrera no ceja en su empeño.
En una entrevista con Efe el mexicano señaló que este premio es un reconocimiento a un trabajo que está haciendo en una de las zonas más pobres de su país.
"Es fijar la mirada en las regiones más difíciles, complicadas y olvidadas que hay en nuestro país", aseguró, "para nosotros es importante ser visibles, existir para los círculos del poder, ser tomados en cuenta en la toma de decisiones que afectan sobre todo a los indígenas", que según dijo son el eslabón más débil de la sociedad.
Barrera denuncia que "hay muchos factores mezclados" como el narcotráfico, la corrupción institucional, la infiltración de delincuentes dentro de la policía y el Ejército, que atentan contra sus conciudadanos, que se ven indefensos ante el sistema.
"Ya no sabemos con quién hablamos, si con un representante de la procuraduría de justicia o con un representante de un grupo relacionado con el crimen organizado", señaló.
Cada día que su organización documenta con mayor profundidad los casos de violaciones, tortura y asesinatos, "nos damos cuenta que las autoridades no tienen un verdadero compromiso con la población para respetar los derechos humanos".
"Nosotros confiamos en que las autoridades que están dentro de las instituciones tienen compromiso serio para beneficiar a la población, sin embargo, viendo el perfil de los funcionarios públicos (...) estamos desencantados".
Su organización denuncia que no existen controles internos para que las autoridades puedan rendir cuentas a sus superiores y a la misma sociedad y tampoco hay mecanismos para que la sociedad civil exija a las autoridades que rindan cuentas claras.
Además, "no se castiga quienes violan los derechos humanos", como ejemplo señala que en su región hay policías imputados con más de cinco cargos que siguen ejerciendo sus funciones, "eso es un mal mensaje para la sociedad".
Todo el que denuncia está en el punto de mira. Los periodistas están viviendo en carne propia esta violencia, aseguró Barrera, que pidió a la comunidad internacional que no solo se centre en la lucha contra el narcotráfico en México sino en el respeto de los derechos.
"Se tienen que depurar las corporaciones policiales, no es posible se sigan firmando convenios cuando no se cambia nada de las instituciones".
En febrero de 2009, Tlachinollan se vio forzada a cerrar sus oficinas de Ayutla de los Libres, Guerrero, debido a las amenazas, la intimidación y la persecución de activistas de los derechos de los indígenas que colaboran con el Centro, así como al asesinato de dos líderes indígenas en febrero de ese año.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en abril de ese año medidas cautelares a 107 miembros de distintas organizaciones del estado de Guerrero, incluyendo a todo el personal de Tlachinollan, para que el Gobierno mexicano les protegiera.
Pero las amenazas continúan, contra Inés y Valentina, así como contra sus hijas, contra Barrera y contra los abogados de la organización, que reciben anónimos para abandonen las denuncias.
El Centro Robert Kennedy destaca "su intrépida defensa de las comunidades indígenas en México" y subraya que su organización "es un modelo para los defensores de los derechos humanos de todo el mundo".
