El procurador de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, Sergio Morales, dijo hoy que 2009 fue el año más violento en el país, donde se registraron 6.498 homicidios.
En un informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala en 2009 que entregó hoy Morales al Congreso y al que tuvo acceso Efe, se afirma que las muertes violentas se incrementaron en 206 en relación a 2008.
Según el documento, entre los años 2007 y 2009, se registraron en el país centroamericano 18.571 muertes violentas.
Detalla que en 2007 fueron asesinadas 5.781 personas, en 2008 murieron 6.292 y el año pasado 6.498, para convertirse en el más violento en Guatemala.
Según la PDH, en 2009, en el departamento de Guatemala, que incluye la capital, se registró el 41,06 por ciento del total de homicidios a nivel nacional.
Entre los homicidios perpetrados el año pasado figuran 720 asesinatos de mujeres, mientras que otras 899 fueron heridas, sostiene la Procuraduría.
Entre 2003 y 2008 la cifra de asesinatos de mujeres se incrementó en un 179 por ciento, afirma.
"Así, 2009 se convierte en el año más violento en función del número y proporción de homicidios en general y de muerte violenta de mujeres. La violencia se manifiesta de forma indiscriminada y sin importar la edad de la mujer", expresa el informe.
Además, la PDH manifestó que el crimen organizado refleja un comportamiento y constante evolución en los niveles de violencia y ha impedido el fortalecimiento de la institucionalidad, sirviéndose de ésta para fomentar la impunidad y ampliar la zona de influencia en la esfera delictiva en Guatemala.
El crimen organizado también ha desarrollado un control territorial y cuenta con la capacidad y logística para alterar la gobernabilidad a través de la utilización de la violencia, el miedo y el terror, advierte.
Según la PDH, estas redes han convertido a la adolescencia y a juventud en sujetos de criminalidad, siendo las pandillas, más conocidas como "maras", un apéndice constitutivo.
"Existe un continuo crecimiento de estos grupos, de los cuales los menores de edad y adolescentes son herramientas que perpetúan y extienden el dominio y redes del crimen organizado", señala.
Morales recomendó al Estado desarrollar y ejecutar una política de seguridad que fortalezca a las instituciones responsables de accionar contra la delincuencia y que permita coherencia en la actuación.
Los avances en el respeto a los derechos humanos en Guatemala, según Morales, "son limitados y aislados" porque no se han dado pasos decididos en asuntos fundamentales como la reforma policial y la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y un ente eficaz y depurado de investigación criminal.
