El "caso Rózsa", la supuesta trama terrorista que estalló hace un año en Bolivia, cuando la policía acabó con una banda armada, se convirtió en una bola de nieve que hoy no para de arrastrar a los opositores del rico departamento oriental de Santa Cruz hasta menoscabar su liderazgo regional.
A lo largo del año la investigación sobre los supuestos planes del grupo ha derivado en la detención de 11 personas, provocó la fuga o autoexilio de 18 y la investigación de 58 más, entre ellos varios políticos, empresarios y destacados funcionarios cruceños.
Esos detalles y otros del caso están citados hoy en la prensa de Bolivia al cumplirse un año del operativo policial que se realizó el 16 de abril del 2009 en el hotel cruceño "Las Américas", donde murieron tres presuntos terroristas y fueron capturados dos más.
Uno de los muertos era el líder del grupo armado, Eduardo Rózsa, ex combatiente de la guerra de los Balcanes al servicio del ejército croata, que tenía ideas extremas que oscilaban entre su admiración por el comunismo, la figura de Ernesto "Che" Guevara, su militancia en el Opus Dei y el islamismo.
También fue corresponsal de guerra de medios internacionales, escribió libros e inspiró la película "Chico" sobre su actuación en los Balcanes, donde fue nombrado coronel del Ejército croata.
Los otros dos muertos fueron el irlandés Dwyer Michael Martin y el rumano Árpád Magyarosi, en tanto que resultaron detenidos el húngarocroata Elöd Tóasó y el bolivianocroata Mario Tadic Astorga, que siguen presos en una cárcel paceña.
Según la fiscalía de La Paz, jurisdicción a la que se transfirió desde Santa Cruz la investigación por un decreto del presidente Evo Morales, la banda también tenía supuestos planes para organizar una milicia con el objetivo de separar el territorio cruceño de Bolivia y asesinar al mandatario.
Fotografías, vídeos y grabaciones confiscadas y difundidas por la fiscalía paceña mostraron en su momento al grupo exhibiendo las armas de grueso calibre que poseía, sus entrenamientos y charlas para seguir a Morales en su intento de magnicidio.
La desarticulación del grupo causó en su momento un terremoto político en Santa Cruz, cuyas réplicas se sienten todavía hoy porque la investigación de la fiscalía continua como una bola de nieve a la deriva y sigue llevándose por delante a más opositores cruceños.
Los políticos y empresarios de esa región han defendido que su movimiento autonomista no tuvo relación con esos planes y, en cambio, han achacado al Gobierno la confabulación.
Según los dirigentes cruceños, todo fue parte de un plan para desprestigiarlos y desatar una persecución de parte del Gobierno de Morales que en el 2008 salía de una grave crisis política provocada por una ola de protestas opositoras.
No obstante, la unidad del movimiento opositor parece haber sido minada este mes con declaraciones de investigados que confirmarían el nexo de algunas personalidades cruceñas con el apoyo al grupo de Rózsa.
Para el ex diputado oficialista César Navarro, que presidió una comisión parlamentaria de investigación, es "incorrecto hablar de supuestos terroristas" a estas alturas porque, a su juicio, se probó su condición.
"Existen tres elementos para establecer que eran terroristas: primero, su forma de organización; segundo, sus objetivos, y tercero, el armamento de que disponían", dijo hoy Navarro.
Pero además, agregó, toda la trama no sólo involucra a esas cinco personas, sino a hombres de los círculos económicos y políticos de Santa Cruz que ayudaron a Rózsa en su logística y financiación, motivo por el cual el fiscal del caso, Marcelo Soza, centró su investigación en ese aspecto.
Dos figuras del movimiento cruceño que abandonaron Bolivia fueron el empresario y ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz Branco Marinkovic y el ganadero y político Guido Náyar.
Actualmente, Soza también ha comenzado a mencionar el nombre del gobernador cruceño reelegido Rubén Costas como objeto de sus indagaciones por una supuesta relación con el grupo.
Al contrario, la oposición ha mantenido sus dudas sobre si efectivamente lo que se conoce es "la verdad histórica" de lo sucedido y ha pedido imparcialidad al fiscal.
Para la diputada opositora Norma Piérola "es evidente" que Rózsa poseía armas, pero cree que no llegó al país para dividir el país.
"¿Quién lo trajo y para qué lo trajeron? No creo que para dividir a Santa Cruz, sino para fraccionar la unidad de Santa Cruz", dijo hoy Piérola, convencida de que el movimiento autonomista cruceño no es secesionista.
La consecuencia política de toda la trama fue que el "caso Rózsa" "anuló" o "neutralizó" el liderazgo de Santa Cruz en la oposición a Morales, según coinciden hoy analistas y medios de prensa en sus portadas.
