La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia tratará esta semana el proyecto de ley propuesto por el Gobierno de Evo Morales para cubrir temporalmente las vacantes existentes en el Poder Judicial, informó hoy el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Héctor Arce.
En entrevista con el canal estatal, Arce explicó que se trata de una norma transitoria cuyo objetivo es "cumplir con la sociedad, saciando una necesidad pública como es la administración de Justicia", a fin de evitar el colapso del poder judicial, que atraviesa una profunda crisis institucional.
La nueva Constitución fija que los futuros miembros de lo que en adelante se llamarán Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional sean elegidos por sufragio de entre candidatos seleccionados por la Asamblea Legislativa.
Arce señaló que la norma ha sido propuesta para garantizar el funcionamiento de la Justicia mientras se reglamenta la elección en las urnas de los nuevos magistrados como establece la nueva Constitución, lo cual puede demandar entre seis meses y un año de trabajo.
"Hay un requerimiento público, hay una necesidad pública, que es la necesidad de que los sistemas de administración de Justicia, con todas las imperfecciones que tienen actualmente, sigan funcionando", justificó.
Sectores opositores al Ejecutivo han criticado la propuesta y temen que el oficialismo intente controlar el Poder Judicial con esta medida.
Arce negó esa situación y anticipó que se analizará la continuidad de algunas autoridades que actualmente trabajan en ese poder estatal, además de elegir a "los mejores profesionales" independientes para cubrir los puestos vacantes.
Otra de las normas que prevé analizar el Congreso esta semana es la Ley Marco de Autonomías, que permitirá aplicar ese régimen en Bolivia.
Arce señaló que la Asamblea Legislativa boliviana ha iniciado una nueva etapa, con la responsabilidad de implementar una nueva normativa enmarcada en la Constitución Política del Estado (CPE) vigente en el país desde febrero de 2009.
Reiteró que el nuevo texto constitucional exige la aprobación de al menos cien leyes nuevas y la reforma de "muchas otras" normas.
El oficialismo tiene la mayoría cualificada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, con 89 diputados y 26 senadores, lo que le permite aprobar cualquier norma sin necesidad de recurrir a la oposición.
