El Congreso nicaragüense no se reunió hoy por segundo día consecutivo al reabrirse la crisis en que ha estado sumido desde hace dos años, está vez por pugnas entre oficialismo y oposición por la publicación en el diario oficial, La Gaceta, de una nueva versión de la Constitución.
La oposición se negó a hacer quórum debido a las diferencias sobre una nueva versión constitucional publicada por los sandinistas en la que se incluyó un inciso que legitima un polémico decreto presidencial que prorroga la permanencia en sus cargos a una veintena de funcionarios a los que ya se les venció el mandato.
Esta situación mantiene congelada la discusión de una reforma al presupuesto de 2010 para atender, entre otros, la emergencia causada por las lluvias.
Desde noviembre de 2008, tras los polémicos comicios municipales ganados por los sandinistas y denunciados como "fraudulentos" por la oposición, el Congreso nicaragüense funciona a medio gas.
La parálisis en el Parlamento se recrudeció en octubre de 2009, después de que los magistrados sandinistas de la Corte Suprema declararon inaplicable el artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial consecutiva y limita a dos el número de mandatos.
Ese fallo, dictado por la Sala Constitucional en una sesión celebrada en ausencia de los magistrados liberales, que fueron sustituidos por sandinistas de otra Sala, fue criticado por la oposición, que entonces prometió unirse para contrarrestarlo.
Ahora, los sandinistas acusan a la oposición de boicotear el trabajo del Ejecutivo, a lo que estos responden que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quiere instaurar una "dictadura".
El bloque duro opositor se negó hoy a hacer quórum para celebrar plenaria en protesta por la publicación de la nueva versión constitucional, que consideran ilegal.
Ese bloque, de 40 diputados, pidió ayer a la Asamblea Legislativa destituir al titular de ese poder del Estado, el sandinista René Núñez, por ordenar la publicación de esa Carta Magna, aunque no cuentan con los 47 votos para hacerlo, de un total de 92 escaños.
La nueva versión constitucional incluye una disposición, considerada transitoria por opositores y juristas independientes, de una enmienda a la Constitución hecha en 1989.
Ese inciso constitucional, que no registraba la Carta Magna después de 1990, se refiere a que los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, y las demás autoridades y funcionarios de diversos poderes, continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no tomen posesión quienes deban sustituirlos de acuerdo a la Constitución.
El inciso sustenta, por tanto, un decreto emitido por Ortega que prorrogó el mandato de 25 funcionarios públicos.
El Ejecutivo decidió en enero ratificar y prorrogar en sus cargos a tres magistrados de la Corte Suprema y funcionarios de otras instituciones y poderes del Estado cuyo mandato finalizó este año, facultad que, según la oposición, corresponde al Parlamento.
El mandatario aprobó el decreto ante la decisión de la oposición de congelar la ratificación y renovación a autoridades que concluían su mandato, en medio de la crisis por las maniobras para allanar el camino para una nueva reelección de Ortega.
