Una misión "de observación y verificación" de una decena de ONGs colombianas concluyó hoy que la muerte del esposo de una líder indígena no se registró en un retén de soldados en el suroeste del país sino que fue "un ataque indiscriminado con tiros de fusil".
Según los miembros de la misión de organizaciones sociales y de Derechos humanos, el comunero indígena Edwin Legarda Vásquez, quien fue sepultado este jueves, "fue asesinado" en el ataque.
Legarda murió el pasado martes en un hospital de Popayán poco después de recibir tres tiros de fusil disparados por soldados en la carretera que comunica a Inzá con Totoró, localidades a ubicadas a unos 600 kilómetros de Bogotá, en el departamento del Cauca.
El aborigen, quien pertenecía al pueblo Páez, conducía una camioneta del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que estaba asignada a su esposa, la dirigente Aída Quilcué.
Quilcué advirtió en declaraciones a periodistas el día de la muerte de su esposo, que se trató de un atentado que estaba dirigido contra ella.
"Autoridades indígenas y pobladores de la región informaron a la comisión que la unidad militar responsable del crimen, se encontraba permanentemente, más de un año en el sitio donde ocurrieron los hechos, y que (...) no había señales propias y adecuadas que indicaran que se tratara de un retén militar", señala el informe.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, admitió el miércoles que el Ejercito disparó contra el vehículo en el que viajaba el esposo de la líder indígena porque no atendió, "en dos ocasiones", la orden de detenerse.
"Los integrantes del Ejército (...) han expresado que cuando en la madrugada advirtieron un vehículo en dos ocasiones le señalaron a ese vehículo que parara, el vehículo no atendió esa instrucción y entonces le dispararon", dijo Uribe en una declaración pública.
Uribe reveló en su declaración que, según admitió el mismo Ejército de Colombia, los retenes "no se están realizando con los elementos técnicos (como las señales) que se deben usar en esos casos".
En el mismo sentido, se pronunció el general Justo Eliseo Peña, comandante de la III División del Ejército, quien declaro el día de la muerte de Legarda, que éste "murió al no acatar la orden de pare en un reten militar".
Sin embargo, la misión de las ONGs consignó en su informe que esa versión "fue inmediatamente desmentida"
Al respecto, precisó que "tanto la comisión del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía) y las autoridades indígenas lograron constatar la inexistencia del mencionado retén militar, y de elementos de señalización como conos reflectivos, y otros distintivos".
El informe señala además, que "en un principio las autoridades indígenas debieron enfrentar las pretensiones de la juez de instrucción Penal Militar del 'Batallón José Hilario López',de asumir la competencia de la investigación penal".
Por lo que pide a las autoridades judiciales asumir la investigación y a las autoridades de control castigar disciplinariamente a quienes corresponde responsabilidad en la muerte del indígena.
Al presidente Uribe exige, asimismo, que "haga un pronunciamiento público ante los medios masivos televisivos (...) donde reconozca la responsabilidad por el asesinato del comunero".
Según la misión, en ese pronunciamiento Uribe debe reconocer la gravedad de los hechos y "en uso de su facultad discrecional" destituir "a todos los comprometidos en la cadena de mando por este execrable" asesinato.
Las ONGs señalaron también que esa muerte "se inscribe en un patrón de crímenes masivos y sistemáticos contra los pueblos indígenas y sus autoridades".
